LOGROÑO, 8 de noviembre. Un abogado se enfrenta a una solicitud de pena de tres años de prisión tras ser acusado de estafa y deslealtad profesional por enriquecerse de manera indebida a expensas de sus clientes. El caso, que implica la gestión de una herencia, ha llevado al Fiscal a considerar la reincidencia del acusado, D.N.C., quien ya había sido condenado por delitos similares en el pasado.

Los hechos en cuestión se produjeron en enero de 2020, cuando tres herederos contrataron al letrado para llevar a cabo diversas gestiones relacionadas con una herencia en la localidad de Navarrete, incluyendo trámites notariales y administrativos necesarios para la venta de un inmueble. El abogado presentó un presupuesto total de 1.694 euros, cantidad que fue inicialmente aceptada, realizando los clientes un pago del 50% de la suma acordada.

Días después, en respuesta a una solicitud del abogado, los clientes realizaron un nuevo ingreso de 900 euros destinado a cubrir gastos de notaría y registros. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el acusado tenía la intención de enriquecerse a costa de sus clientes, incumpliendo sus compromisos y realizando actuaciones profesionales inadecuadas.

A lo largo de varios meses, el abogado mantuvo la apariencia de estar realizando su trabajo de manera satisfactoria, incluso solicitando sumas adicionales de dinero. Sin embargo, la realidad fue que los perjudicados enfrentaron problemas serios, incluyendo un embargo por parte de la Comunidad de La Rioja y una citación de Hacienda relacionada con el impuesto de sucesiones que debería haber sido gestionado por el abogado.

A pesar de la situación, el acusado continuó haciéndose pasar por un profesional competente, asegurando a los herederos que todo estaba bajo control. Los afectados, confiando en su asesoría, incluso aceptaron un nuevo presupuesto que él les propuso.

Como resultado de la falta de acción del abogado y de las correspondientes sanciones e intereses impuestos por Hacienda, los perjudicados se vieron obligados a desembolsar más de 10.300 euros en total. El Fiscal ha calificado estas acciones como delito de estafa, sugiriendo también la posibilidad de apropiación indebida y deslealtad profesional, y ha pedido una pena de tres años de cárcel y una multa cercana a 5.000 euros por el segundo cargo, además de solicitar una inhabilitación de cuatro años para ejercer la abogacía.

Finalmente, se ha estipulado que el abogado deberá indemnizar a los tres herederos con un total de 12.000 euros, cantidad que corresponde a lo adeudado, incluyendo las sanciones y los diversos intereses que los afectados han tenido que asumir durante este proceso. Esta situación pone de relieve la importancia de la confianza en la profesión legal y las consecuencias devastadoras que pueden surgir de la deslealtad profesional.