LOGROÑO, 6 de noviembre.

El Ayuntamiento de Logroño ha dado luz verde este jueves a una nueva Ordenanza reguladora de terrazas durante la sesión plenaria de noviembre. Desde el Gobierno local argumentan que se trata de una norma esencial y actual, aunque los partidos de la oposición han manifestado su desacuerdo, asegurando que se ha desarrollado sin el debido diálogo y que carece de soluciones efectivas.

La aprobación de esta ordenanza, que fue solicitada ser retirada de la agenda por algunos grupos municipales, se consiguió gracias a los votos del Partido Popular, que se enfrentó a la oposición unánime de PSOE, VOX, IU-Podemos, Partido Riojano y la concejala no adscrita Eva Loza.

El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, defendió la nueva regulación, describiéndola como una norma contemporánea que busca adaptarse a la realidad actual y actualizar una normativa obsoleta. Afirmó que esta no es solo una iniciativa de un partido, sino una medida que beneficia a toda la ciudad. Entre las novedades, la norma reorganiza el uso del espacio público, limitando tanto el horario como la extensión de las terrazas.

Este proceso normativo se basa en una serie de encuentros con colectivos involucrados, desde asociaciones vecinales hasta representantes del sector de la hostelería. Según el ejecutivo local, este esfuerzo culminó en un anteproyecto aprobado por la Junta de Gobierno Local en febrero.

Luego de la aprobación inicial del texto en mayo, el documento fue expuesto al público, donde se recogieron alegaciones que dieron lugar a algunas modificaciones, mayormente aclaratorias. Entre ellas, se destacan parámetros sobre las terrazas como elementos accesorios, la necesidad de mantener el espacio libre para peatones y la distancia de seguridad para el acceso a edificios.

Con esta nueva Ordenanza, se pretende alcanzar tres objetivos fundamentales: la reordenación del espacio público favoreciendo a los peatones, la reducción del horario de operación de las terrazas en diversas franjas horarias y la adecuada proporción entre el espacio ocupado por las mismas y la superficie que los negocios tienen autorizada en sus licencias.

La propuesta establece un horario máximo de funcionamiento que limita la apertura de domingos a jueves hasta las 00:00 horas, los jueves hasta las 1:00 horas y los fines de semana hasta la 1:30 horas, además de reducir el área máxima permitida de 120 a 100 metros cuadrados para las terrazas.

El Gobierno local concluye que el propósito primordial de la nueva normativa es equilibrar la actividad económica en la vía pública con la convivencia de los vecinos, garantizando que se respeten sus derechos y se fomente una adecuada coexistencia de usos en la ciudad.

Eva Loza, concejala no adscrita, expresó su descontento, afirmando que la estrategia de consenso no ha surtido efecto. Según ella, el malestar de hosteleros y residentes es evidente y ha instado a buscar acuerdos que satisfagan a todas las partes implicadas.

Desde el Partido Riojano, Rubén Antoñanzas criticó la falta de colaboración en la redacción de la ordenanza. A pesar de reconocer que es un proceso complejo, subrayó que el documento final no fue producto de un esfuerzo colectivo. Lamentó que no se haya podido dialogar adecuadamente y pidió que se retire para llegar a un consenso.

Desde IU-Podemos, la portavoz Amaia Castro se mostró de acuerdo en que la falta de diálogo ha sido un grave error. Celebró que se reconozcan los problemas que causan las terrazas, pero enfatizó que, tras tantas décadas, se necesitaba una normativa más inclusiva que realmente abordara las necesidades de la comunidad. Criticó la transformación del Casco Antiguo en un espacio de ocio y vaticinó que esta era una oportunidad desperdiciada.

Por su parte, María Jiménez, portavoz de VOX, también solicitó la retirada de la normativa, argumentando que no representa a la ciudad ni a los afectos. Reclamó un nuevo proceso participativo que incluya realmente a los ciudadanos y a los hosteleros en la redacción de las normas.

El socialista Luis Alonso coincidió en que falta un marco de diálogo y sugirió la necesidad de establecer una comisión de trabajo para asegurar la aplicación de la ordenanza, subrayando que aprobarla en un mes de noviembre, tras 24 años de espera, no debería ser motivo para olvidar su implementación en la práctica.

La portavoz popular, Celia Sanz, defendió la relevancia de la nueva normativa, indicando que Logroño necesitaba una actualización después de tanto tiempo. Aseguró que se había trabajado tomando en cuenta diversas voces y mencionó la creación de una comisión para llevar un seguimiento de la ordenanza, que incluiría a distintos grupos políticos y colectivos relacionados.

En el transcurso de la sesión, se aprobaron también cuatro expedientes de modificación presupuestaria por un total que supera los 288.000 euros, entre los que destaca uno destinado a la iluminación monumental del Centro Histórico de la ciudad, lo cual ha sido objeto de críticas por parte de la oposición.