La Audiencia Provincial se prepara para un juicio que se llevará a cabo el próximo martes, 12 de noviembre, a las 10:00 horas, centrado en un caso significativo para la seguridad pública.

En esta ocasión, el Fiscal ha solicitado una condena de cuatro años de cárcel para un individuo que enfrenta acusaciones graves por un delito relacionado con la salud pública. Este acusado fue sorprendido con dos bolsas que contenían anfetamina durante un control superficial realizado por la Guardia Civil en un cuartel de su jurisdicción.

De acuerdo con el relato ofrecido por el Fiscal, y que ha sido divulgado por Europa Press, los eventos se iniciaron el 3 de junio de 2022. En esa fecha, la Guardia Civil, siguiendo información proporcionada por un ciudadano sobre la ubicación del presunto infractor, llevó a cabo su identificación en las cercanías de la calle Huertas en la localidad riojana de Casalarreina.

La intervención de la Guardia Civil se justificó debido a que sobre el acusado pesaba un mandato de búsqueda y detención, en relación con su posible implicación en dos delitos de violencia de género. Esta situación añade una dimensión preocupante al caso, evidenciando el contexto de la delincuencia en la que se enmarca este individuo.

Una vez que fue trasladado a las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil en Casalarreina, se le informó sobre su detención en calidad de imputado por los delitos mencionados. Este procedimiento fue llevado a cabo con el rigor que exige la ley, asegurando que todos los derechos del detenido fueran respetados.

Durante el pertinente cacheo superficial, los agentes encontraron en su poder dos bolsas blancas que contenían anfetamina, las cuales, en el mercado ilícito, tendrían un valor aproximado de 496 euros. Asimismo, se descubrió que el acusado portaba 325 euros en efectivo, lo que sugiere la posibilidad de que esta cantidad estaba destinada a facilitar la venta de las sustancias prohibidas.

El Fiscal argumenta que los hechos descritos constituyen un delito contra la salud pública, específicamente en la modalidad de posesión con la intención de traficar con sustancias que causan un grave daño a la salud de los ciudadanos. En consecuencia, ha formulado una petición de cuatro años de prisión y una multa de 1.000 euros como sanción para el acusado, considerando la gravedad del delito y su impacto en la sociedad.