LOGROÑO, 15 de junio. En un caso que pone de manifiesto la lucha contra el tráfico de drogas en la región, el fiscal ha solicitado penas que superan los 24 años de prisión para cinco individuos acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada a la distribución de drogas en Logroño. Además, el ministerio público demanda un total de multas que ascienden a más de 660.000 euros, reflejando la gravedad de los delitos y la preocupación por la salud pública.

El juicio está programado para el martes 17 de junio a las 11:00 horas en la Audiencia Provincial de La Rioja. Según los documentos judiciales, los acusados A.V.G., M.J.D., J.I.V., B.G.B. y S.S.R. enfrentan cargos relacionados con actividades delictivas que se llevaron a cabo entre el 24 de octubre de 2022 y el 14 de junio de 2023.

Las indagaciones comenzaron tras la vigilancia policial sobre transacciones de pequeñas cantidades de speed y marihuana en un establecimiento de Logroño. El día final de la investigación, el 14 de junio de 2023, fue identificada una significativa venta de drogas que fue trasladada a un automóvil conducido por B.G.B., quien intentó fugarse de la policía.

Dicho local, ubicado en la calle Alcalde Emilio Francés, se destinaba a abastecer a consumidores de hachís. Además, A.V.G. estaba involucrado en la producción de materiales que sirven como precursores de anfetamina para su posterior distribución a otros consumidores de speed, una actividad ilegal que conllevó a su presentación ante la justicia.

Los registros efectuados el 15 de junio de 2023 revelaron un entorno alarmante: se confiscaron 1.170 euros, marihuana, metanfetaminas y hachís, además de documentos que incluían fórmulas químicas y directrices sobre la elaboración clandestina de estas sustancias.

El establecimiento contaba con un sistema de video vigilancia, cuyos grabaciones han sido analizadas y han evidenciado múltiples actos delictivos. Posteriormente, el 29 de junio de 2023, fue inspeccionada una empresa relacionada con uno de los acusados, donde se halló más hachís, así como en un trastero vinculado al padre de uno de ellos, donde se descubrió resina de cannabis.

Los implicados, en diferentes grados, han sido señalados por varios delitos de tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal. En particular, A.V.G. enfrenta seis años de prisión por tráfico de drogas que causan un daño significativo a la salud, así como una multa de 400.000 euros. A esto se le suman condenas adicionales por posesión de precursores y por ser parte de un grupo criminal.

Respecto a M.J.D., se le piden cuatro años y medio de cárcel y una multa de 250.000 euros por un delito de tráfico de drogas de grave gravedad, además de otros dos años por pertenencia a un grupo criminal. Por su parte, S.S.R. enfrenta dos años y medio de prisión y una multa de 1.000 euros, más un año y medio por ser parte de una organización criminal.

Por último, J.I.V. podría recibir un año y tres meses de cárcel junto a una multa de 3.000 euros, y a B.G.B. se le solicita un año y dos meses de prisión con la misma multa de 3.000 euros, ambos por eludir la ley en el tráfico de drogas con un daño no grave a la salud.