LOGROÑO, 2 de diciembre.

El Ayuntamiento de Logroño ha dado un paso significativo hacia el desarrollo de viviendas protegidas al decidir enajenar diez solares que permitirán a promotores privados construir un total de 136 viviendas de protección oficial. Este anuncio fue realizado por el alcalde Conrado Escobar en una rueda de prensa celebrada hoy.

Escobar ha explicado que esta medida forma parte de un plan de vivienda más amplio que su administración ha estado poniendo en marcha desde principios de este año. La propuesta será sometida a aprobación por la Junta de Gobierno Local en los próximos días, constituyendo la tercera fase de este ambicioso proyecto.

Los solares destinados para esta construcción se encuentran en diversas ubicaciones estratégicas de la ciudad: en La Cava se edificarán dieciséis viviendas; en Fardachón, diecinueve; en Pedregales Oeste, dieciocho; en Portillejo II, treinta y cinco; en Calleja Vieja A, diez; en Calleja Vieja D, ocho; en Hospital Viejo, 11, dieciséis; en La Brava, 7, cuatro; en Ruavieja 21, ocho; y en Valderuga 26, dos.

El alcalde ha destacado que “el mejor uso social para el Patrimonio municipal del suelo es transformarlo en vivienda, y en vivienda protegida, además”. Esta afirmación refuerza su compromiso con la política habitacional y su intención de hacer de la vivienda un derecho accesible para todos los ciudadanos de Logroño.

Es relevante señalar que esta acción es parte de un compromiso a largo plazo del alcalde, que previamente había llevado a cabo la enajenación de seis parcelas proindivisas y dieciséis inmuebles en el casco antiguo de la ciudad. Escobar continúa reafirmando su enfoque hacia la creación de un entorno urbano más habitable y accesible.

El proceso de licitación ha sido diseñado con ciertos condicionantes que subrayan el objetivo de la enajenación, que es exclusivamente “la construcción de viviendas de protección oficial”. Los plazos establecidos en el pliego son estrictos: los interesados tendrán ocho meses para solicitar la licencia de construcción tras el acuerdo de adjudicación, y la ejecución de la obra deberá comenzar en un plazo de seis meses, culminando en un máximo de 32 meses desde la obtención de dicha licencia.

Un aspecto esencial de la normativa es que la licencia de primera ocupación debe ser obtenida en un plazo no mayor a cinco años desde el acuerdo de adjudicación, garantizando así que las viviendas se destinen rápidamente a su finalidad social.

En cuanto a la venta de las viviendas, estas deberán ser adquiridas por personas registradas en el Registro de demandantes de vivienda protegida de La Rioja. Los futuros propietarios tendrán que asumir compromisos importantes, como establecer su domicilio habitual en la vivienda y no podrán transferirla o cederla durante un periodo mínimo de diez años. Se considerará que este compromiso se ha incumplido si la vivienda se queda desocupada por más de tres meses consecutivos.

Después del anuncio del alcalde, el siguiente paso será aprobar la enajenación en la Junta de Gobierno local, seguido por la publicación del anuncio correspondiente en la Plataforma de Contratación del Estado. Los interesados tendrán un período de 45 días naturales para presentar sus solicitudes una vez realizada la publicación.

Las ofertas que deseen presentar los licitadores podrán incluir una mejora económica hasta un máximo del 33 por ciento del presupuesto base de licitación. Es crucial que las propuestas incluyan no solo la documentación administrativa y la oferta económica, sino también un anteproyecto constructivo que detalle el diseño de la futura edificación.

Las especificaciones del pliego también exigen una memoria descriptiva que justifique las características generales, funcionales, formales y constructivas del proyecto, así como un análisis ambiental riguroso que asegure el cumplimiento de la normativa vigente.

Además, los licitadores deberán presentar planos detallados que representen la edificación a escala, junto con la documentación acreditativa sobre la eficiencia energética del proyecto propuesto. Estos requisitos ponen de manifiesto el enfoque responsable y funcional del Ayuntamiento hacia el desarrollo urbano.

Dentro de los criterios de adjudicación, el precio ofrecido será fundamental, pero también se valorarán las propuestas que faciliten inicialmente la compra de las viviendas, particularmente a través de una reducción en el porcentaje exigido en la firma del contrato, que no deberá superar el cinco por ciento del precio total.

Finalmente, se avaliará el anteproyecto constructivo considerando aspectos como la adaptación al solar, la variedad de tipologías de vivienda, la adecuada ventilación cruzada y las medidas implementadas para disminuir la contaminación acústica, así como la certificación de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, lo que refleja la seriedad del planteamiento del Ayuntamiento en términos de calidad de vida.