LOGROÑO, 5 de noviembre. En un giro importante en la investigación del asesinato del hostelero Guillermo Castillo, ocurrido entre la noche del 1 y el 2 de mayo de 2023, un agente de la Guardia Civil, que pertenece a la Policía Judicial, ha testificado ante el juez, afirmando que desde el inicio del caso quedó claro que el crimen no fue perpetrado por un solo individuo, sino que al menos dos personas estuvieron involucradas en el ataque. Este testimonio refuerza la idea de que el crimen fue premeditado y que la víctima se vio incapaz de defenderse debido a la rapidez de los golpes recibidos.

El agente ha argumentado que resulta improbable que una sola persona pudiera arrastrar el cadáver de Guillermo Castillo, quien fue agredido en la entrada de su domicilio y posteriormente colocado en una posición inusual dentro de su baño. De acuerdo con este análisis, el agente sostiene que el ataque fue llevado a cabo por dos agresores, precisa que no hubo más individuos involucrados y reitera que la víctima no tuvo la oportunidad de pedir ayuda o defenderse de sus atacantes.

En su declaración, el agente ofreció detalles sobre el desarrollo de la agresión, señalando que durante la noche del crimen uno de los asaltantes sujetó a Guillermo por los brazos mientras el otro lo golpeaba. La violencia fue inmediata, comenzando en la misma puerta de la casa, y luego la víctima fue encerrada con grilletes, lo que le impidió escapar.

El testigo protegido, cuyo paradero es actualmente desconocido, también ha sido mencionado en la declaración del Policía Judicial. Este testigo aportó información crucial que coincide con los hallazgos de la investigación, identificando a los dos agresores en el lugar de los hechos aquella infame noche.

Según el testimonio del agente, el testigo afirmó haber recibido información de un conocido que confesó haber cometido el asesinato y que se sentía mal por ello. Este individuo, según el testigo, mencionó que el ataque se llevó a cabo a golpes, no con cuchillos, y que había elegido a Cuzcurrita como objetivo debido a la supuesta cantidad de dinero en efectivo que poseía la víctima, quien se consideraba un blanco fácil.

El testigo añadió que el autor del asesinato tenía conocimiento previo de Guillermo, lo cual le facilitó el acceso a su hogar, y aunque mencionó que el botín esperado rondaba entre 50,000 y 60,000 euros, solo lograron llevarse 600 euros de la cartera de la víctima. A pesar de que la defensa sugirió que el testigo se presentó dos meses después de los sucesos, el agente reiteró que existían otras líneas de investigación que no se habían agotado.

El agente también se refirió a las actividades de los teléfonos móviles de los acusados durante el día del crimen, que rastrean su trayectoria hasta Cuzcurrita, pasando por Lardero. Sin embargo, uno de los acusados negó estas alegaciones. Detalló que uno de los teléfonos estuvo apagado, insinuando que esto es típico en delincuentes que buscan cubrir sus pasos después de cometer un delito.

Con respecto al vehículo utilizado en el crimen, el agente constató que no se encontraron huellas, lo cual sugiere que el auto fue limpiado después del hecho. En la primera inspección ocular del domicilio de Guillermo, el agente observó que la puerta no estaba forzada, lo que indicaba que había sido abierta sin resistencia.

La secuencia de eventos señala que la primera agresión se produjo inmediatamente después de abrir la puerta, lo que dejó a la víctima sin posibilidades de defensa. Se cree que sufrió un golpe tan severo que lo incapacitó de inmediato, siendo posteriormente arrastrado hacia el baño de la vivienda.

El agente concluyó su declaración enfatizando que los perpetradores estaban preparados para el ataque, utilizando guantes y con conocimiento de lo que pretendían hacer. Según sus observaciones, los testimonios de los acusados contradicen los hechos tal como se han presentado.

Si los acusados son hallados culpables, la Fiscalía está pidiendo una condena de 27 años de prisión para cada uno, desglosada en 23 años por asesinato con alevosía y 4 años por robo en una vivienda para uno de ellos. En el caso del segundo acusado, se solicitan 4 años y nueve meses por el delito de robo. Por otro lado, la familia de la víctima demanda una pena de prisión permanente revisable para los atacantes.

Además, el fiscal ha instado también a imponer una libertad vigilada de diez años para ambos acusados y que sean obligados a indemnizar con 300,000 euros a los hijos de la víctima, lo que pone de manifiesto la gravedad del delito y los impactos que ha tenido en la familia afectada.