LOGROÑO, 7 de septiembre.

Un abogado, identificado como D.N.C, se encuentra en el punto de mira judicial al enfrentarse a una posible condena de tres años de prisión por los delitos de apropiación indebida y falsedad en la compraventa de un inmueble. El fiscal ha solicitado un año y medio de cárcel por ambos delitos, añadiendo multas que suman 7.200 euros por la falsedad y la deslealtad profesional, además de una inhabilitación de dos años para ejercer como abogado, y una indemnización de 4.618,54 euros a sus perjudicados.

El juicio está programado para el miércoles, 17 de septiembre, a las 12:00 horas, en la Audiencia Provincial. Sin embargo, el abogado tendrá que comparecer dos horas antes en otra vista donde se le reclama una pena de cinco años de cárcel y 10.800 euros en concepto de multa por un caso de apropiación indebida y estafa a un cliente distinto.

De acuerdo con los documentos proporcionados por la Fiscalía, el abogado tiene un historial delictivo ya que fue sentenciado en 2021 a 18 meses de prisión por un delito de estafa y a dos años de prisión por otro caso similar. Ambas sentencias son firmes y emitidas por la Audiencia Provincial de La Rioja.

El caso actual detalla que el acusado fue contratado para gestionar la compraventa de un inmueble, formalizando un presupuesto que incluía todos los gastos asociados a la transacción. Esta cifra totalizaba 4.445,01 euros, que los clientes pagaron mediante transferencia bancaria el 23 de septiembre de 2019.

A pesar de la pronta gestión prometida, los clientes se vieron obligados a insistir varias veces, ya que el trámite no avanzaba. La escritura de compraventa finalmente se firmó el 8 de octubre de 2020, pero, para sorpresa de los demandantes, en abril de 2021, seguía en la Notaría debido a que el abogado no había cumplido con su obligación de pago y recogida.

Los clientes tuvieron que afrontar nuevamente los gastos e impuestos adicionales relacionados con el trámite, lo que les generó un recargo de 173,53 euros, a pesar de que estos costos debían estar cubiertos por la provisión inicial de fondos.

Al buscar la devolución de la cantidad abonada, el abogado se comprometió a reembolsarles 4.203,01 euros, descontando un importe por honorarios. Los clientes aceptaron esta propuesta.

El 7 de mayo de 2021, el abogado envió un correo electrónico a la letrada de sus clientes indicando que había realizado una transferencia y adjuntando un justificante de la operación. Sin embargo, el documento era falso, ya que la transferencia nunca se llevó a cabo.

La Fiscalía ha calificado estos actos como un delito de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y deslealtad profesional, responsabilizando al abogado por su conducta. Como resultado, le han impuesto la mencionada pena de tres años de prisión y las multas y compensaciones correspondientes.