Crónica La Rioja.

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Vecino de Logroño identificado como autor de vertido ilegal en Lodosa - Guardia Civil esclarece caso

Vecino de Logroño identificado como autor de vertido ilegal en Lodosa - Guardia Civil esclarece caso

En una reciente operación, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Estella ha identificado a un individuo de 60 años, residente en Logroño (La Rioja), como presunto responsable de un vertido de residuos electrónicos de gran envergadura en Lodosa (Navarra).

Las autoridades, a través del Seprona, iniciaron una investigación tras recibir información sobre un importante vertido de desechos electrónicos en un área cercana a Lodosa. Los agentes constataron la acumulación de pantallas de móviles, ordenadores y una gran cantidad de documentación en el lugar.

Tras diversas vigilancias y colaboraciones con el Ayuntamiento y la Policía Local de Lodosa, así como un análisis detallado de la documentación hallada, los investigadores llegaron a una empresa inactiva en un polígono de Logroño.

Gracias a la información obtenida de las empresas mencionadas en los documentos hallados, se logró identificar al propietario de los residuos electrónicos abandonados en el vertido.

Según las declaraciones posteriores, se confirmó que los dueños de la empresa habían cesado su actividad y disuelto la sociedad, entregando el contenido del local al propietario como pago de deudas. Fue este último quien seleccionó los materiales valiosos y desechó el resto en Lodosa.

Tras esta investigación, se ha logrado identificar al sospechoso de este vertido contaminante en Lodosa, una zona frecuentada por excursionistas y amantes de la naturaleza.

El individuo de 60 años residente en Logroño ha sido propuesto para una sanción por violar leyes sobre residuos contaminantes y protección de datos personales, lo cual podría resultar en multas significativas.

El Ayuntamiento de Lodosa se encuentra gestionando la recogida de los desechos peligrosos a través de empresas autorizadas, con la intención de cobrar al infractor los costos asociados a esta operación una vez se resuelva el expediente.