El juicio por un caso de corrupción en Soto en Cameros se llevará a cabo el 23 de abril a las 9:30 horas en la Audiencia Provincial, según se ha confirmado. Esta fecha marca el inicio de un proceso judicial que ha captado la atención por las graves acusaciones que rodean a los exóbitos líderes locales.

LOGROÑO, 17 de abril. En el centro de este escándalo se encuentran 11 individuos, entre los cuales se encuentran antiguos alcaldes del municipio, acusados de haber cometido delitos de fraude, prevaricación y falsedad documental. La Fiscalía exige una condena que supera los 41 años de prisión en total, argumentando que estos funcionarios públicos manipularon presupuesto para obtener indebidamente subvenciones destinadas a obras de infraestructuras locales.

De acuerdo con la denuncia presentada por el Ministerio Público, las obras en cuestión estaban parcialmente subvencionadas por la Unión Europea y el Gobierno de la Comunidad Autónoma, lo que llevó a uno de los exalcaldes y a un empresario a acordar inflar los costos de los proyectos con el fin de recibir financiamiento completo.

El secretario de la corporación municipal de la época, que también enfrenta cargos, jugó un papel clave en esta trama según el informe de la Fiscalía. En 2010, el empresario contactó con el alcalde para discutir un proyecto de desarrollo que prometía un impulso económico en varias áreas, incluyendo la agricultura y el turismo.

Después de varias conversaciones, se acordó que diferentes empresas participarían en las licitaciones que el Ayuntamiento lanzaría para llevar a cabo las obras. A través de esta coordinación, los imputados lograron incrementar fraudulentamente el presupuesto requerido, utilizando facturas y documentación falsa para mostrar un coste mayor del real.

La Fiscalía detalla que para llevar a cabo esta maniobra también fue imprescindible la colaboración de técnicos y directores de obra, quienes firmaron documentos que sustentaban el gasto inflado. “Dieron fe de gastos superiores a los reales, lo que permitió justificaciones para recibir una subvención mayor,” indica la acusación.

Esta operación ilícita estaba bajo la supervisión de tres individuos, incluido un exalcalde, y requería la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, a pesar de que eran conscientes de las irregularidades en los costes que se presentaban para la subvención.

El fraude se materializó en diversas obras, como el 'Proyecto Piloto de Conservación del paisaje del Cañón del Río Leza', y mejoras en caminos rurales, entre otras. Se utilizó un entramado de empresas, muchas de las cuales ni siquiera completaron su registro formal.

El total de las subvenciones percibidas de manera indebida asciende a 95.000,74 euros, desglosándose en distintas obras y proyectos que, según la Fiscalía, nunca se llevaron a cabo en la magnitud que se había indicado.

Aunque las acusaciones son severas, el Fiscal aclara que no se ha demostrado que los acusados se beneficiaran económicamente de estos actos ilícitos. Las acusaciones incluyen delitos continuados de fraude a la Administración, prevaricación y falsedad en documentos, solicitando penas que varían entre dos y más de cuatro años de prisión, dependiendo de la implicación de cada uno en los delitos.

Por ejemplo, se pide para uno de los exalcaldes una pena de siete años de prisión por sus acciones en el caso. El otro exalcalde, que estaba en funciones en el momento de los hechos, enfrenta acusaciones similares, junto con una inhabilitación especial para ocupar cargos públicos durante ocho años y medio.

Además, todos los acusados deberán hacer frente a una responsabilidad civil, comprometiéndose a indemnizar a las autoridades que fueron defraudadas por un total que asciende a los 95.000,74 euros que se obtuvieron de forma ilícita.