LOGROÑO, 30 de marzo. El Ministerio Público ha solicitado una pena de dos años y medio de prisión para dos abogados, identificados como J.P.P. y A.G.R., acusados de llevar a cabo un engaño continuo a sus clientes mediante la promesa de falsos acuerdos con la Fiscalía a cambio de dinero. Asimismo, el órgano judicial reclama que se les imponga una multa de 6.480 euros y se les inhabilite para ejercer su profesión durante el mismo período.

El requerimiento del Ministerio Fiscal incluye también un segundo cargo de deslealtad profesional, por el que se les pide una multa de 9.720 euros y otra inhabilitación profesional de dos años y medio; además de un tercer cargo de calumnia, por el que se exige otra multa de 6.480 euros.

Además, en el ámbito de la responsabilidad civil, el fiscal pretende que indemnizan a uno de los clientes, quien decidió no abonar la cantidad acordada, con 14.000 euros, cantidad que ha sido calificada como "indebidamente" cobrada por los abogados.

El juicio para estos acusados se llevará a cabo este miércoles, a partir de las 10:30 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja. Según documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, los intervinientes son los dos letrados que trabajaban en la misma firma.

Los abogados fueron contratados por una pareja para representarlos en un caso de apropiación indebida. Aunque se había programado el juicio para los días 20 y 21 de abril de 2015, la vista se suspendió tras la presentación de un parte de baja médica de A.G.R.

Durante las reuniones previas al juicio, estos letrados, impulsados por la intención de obtener un beneficio económico ilícito, se aprovecharon del desconocimiento jurídico de sus clientes y de la relación de confianza típica en la relación abogado-cliente. Les sugirieron que facilitar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación privada podría resultar en una pena menor a dos años de prisión, evitando así su ingreso en prisión.

Sin embargo, los abogados condicionaron ese acuerdo a la transferencia de 56.000 euros a una cuenta, además de solicitar 7.600 euros en mano "bajo mano" para hacer un pago al fiscal de manera informal. También exigieron 2.400 euros adicionales para "eliminar" antecedentes penales relacionados con uno de los clientes.

Los clientes comenzaron a dudar sobre la entrega del dinero y en ese momento, uno de los acusados les ratificó el acuerdo, afirmando que había numerosos acuerdos informales con la Fiscalía, e insinuando que la entrega de dinero era parte del protocolo no oficial.

Los clientes, asegurándose de su proceder, decidieron grabar las conversaciones, lo que les llevó finalmente a rechazar la entrega de dinero a los abogados. Esto ocasionó que los letrados se retiraran de su defensa, reemplazados por otro abogado.

Posteriormente, otro cliente contrató los servicios del mismo despacho, donde uno de los abogados, en un claro acto de aprovechamiento, afirmó tener una relación cercana con el Fiscal Jefe, pidiendo 14.000 euros de forma urgente. Aunque el cliente solicitó un recibo de la transacción, el abogado menospreció la importancia del justificante, argumentando que no era pertinente. Finalmente, el otro abogado, al tanto de la situación, comunicó al cliente que se había llegado a un acuerdo que había costado 6.000 euros, lo que llevó al cliente a entregarles 14.000 euros.

El Ministerio Fiscal considera que estas conductas configuran un delito continuado de estafa, así como otro de deslealtad profesional y un tercero de calumnia, solicitando así dos años y medio de prisión, cinco años de inhabilitación profesional y una sanción de 22.680 euros. También se reclamará la restitución de 14.000 euros a uno de los clientes afectados.