LOGROÑO, 30 Abr. - El portavoz y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, ha anunciado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que La Rioja está lista para emprender acciones legales si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no responde al recurso presentado contra la autorización del proyecto de línea de alta tensión Tauste-Júndiz promovido por Forestalia.

La Secretaría de Estado de Energía tiene hasta este martes para dar una respuesta, según ha recordado Domínguez. De no hacerlo o si decide mantener su autorización, el Gobierno riojano tomará medidas legales, incluyendo la solicitud de suspensión del proyecto que atravesaría 29 municipios riojanos desde Alfaro hasta Briñas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente presentó un recurso de alzada contra la autorización otorgada a Energía Inagotable de Providentia, SL, para el parque eólico Providentia, junto con sus infraestructuras de evacuación en varias provincias, incluyendo La Rioja. Este recurso fue interpuesto el pasado 30 de enero contra una resolución del 18 de diciembre de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El Gobierno regional ha estado esperando una respuesta sobre este expediente desde el 8 de abril, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna comunicación por parte del Ministerio. En consecuencia, se ha solicitado a la Secretaría de Estado de Energía que reconsidere su autorización y se declare nula la resolución de diciembre.

Además, La Rioja ha pedido la revisión de las declaraciones de impacto ambiental para otros proyectos que también necesitan evacuar a través de líneas que atraviesan la región, como parques eólicos y parques fotovoltaicos. El gobierno local ha destacado la importancia de proteger el entorno y los intereses públicos de los ciudadanos.

El recurso presentado por el Ejecutivo autonómico se basa en motivos formales y de fondo, incluyendo la protección del paisaje, del entorno natural y agrario, así como el impacto en bienes de interés cultural. La Comunidad está preparada para recurrir a la vía judicial si se desestima el recurso por silencio administrativo, demostrando su compromiso con la protección de los intereses de los riojanos.