El Tribunal del Jurado ha emitido su veredicto condenando a 22 años de prisión al acusado de asesinar a un anciano de 82 años al obligarlo a ingerir desatascador. Además, se le impone 10 años de libertad vigilada una vez cumpla su condena.

La sentencia también anula el testamento a favor del acusado y rechaza la indemnización solicitada por los herederos de la víctima. La rebaja de un año en la pena solicitada por la Fiscalía ha generado controversia.

El Magistrado destaca en su resolución los detalles del crimen, incluyendo la compra previa del desatascador y la modificación del testamento del anciano a favor del acusado apenas días antes del asesinato.

Según la autopsia, la víctima fue obligada a ingerir el producto químico en un estado semiinconsciente, lo que explica la falta de resistencia y los efectos mortales.

El acusado intentó simular un suicidio con una nota falsa, pero el análisis del contenido revela que no corresponde a un mensaje suicida. Además, se destaca el interés económico del acusado al ser nombrado heredero de los bienes del anciano poco antes del crimen.