LOGROÑO, 6 de mayo.

Un grupo de organizaciones feministas en La Rioja ha emitido un fuerte comunicado en el que expresan su rechazo ante una reciente agresión sexual ocurrida en Valencia. En este caso, se encuentran involucrados tres jóvenes originarios de Calahorra y uno más de Andosilla, quienes han sido arrestados como sospechosos del ataque a una joven en las inmediaciones de la conocida discoteca Akuarela Playa.

El movimiento feminista, que incluye a diversas asociaciones de la región, ha hecho hincapié en un punto importante: la nacionalidad o lugar de origen no debería ser un factor esencial en este contexto, ya que la violencia sexual es un problema que trasciende fronteras y que está comúnmente perpetrado por hombres. A través de su comunicado, han subrayado que es fundamental centrarse en el acto violento, no en la procedencia de los agresores.

Asimismo, han mostrado su solidaridad con la víctima, quien en diversas ocasiones ha sido objeto de cuestionamientos y revictimizaciones en los medios de comunicación. Contrario a las alegaciones de los jóvenes, que afirmaron que los "tocamientos" fueron consensuados, la versión de la víctima describe un episodio mucho más grave que debería ser calificado como violación. La portavoz del movimiento ha enfatizado que, a pesar de las justificaciones de los agresores, la joven estaba incapacitada para reaccionar debido a su estado de embriaguez.

Las organizaciones feministas han querido puntualizar la distinción crítica entre consentimiento y deseo. Argumentan que el consentimiento no debe ser interpretado como una aprobación a cualquier interacción sexual, especialmente si se produce en un contexto de coerción o intimidación. Se ha señalado que las palabras "acceder" y "consentir" son a menudo manipuladas para justificar actos de violencia sexual, lo cual resulta inaceptable.

El movimiento también ha destacado la alarmante normalización de la violencia y la deshumanización en el contexto sexual, particularmente entre los jóvenes, influenciados en gran medida por la pornografía. Según afirman, la educación sobre sexualidad continúa siendo deficiente, lo que perpetúa una cultura de impunidad en la que las voces de las víctimas suelen ser deslegitimadas.

Con respecto al ambiente social que rodea a los delitos sexuales, se ha señalado que el miedo al estigma y la revictimizacion son barreras significativas que impiden a muchas mujeres presentar denuncias. Las cifras revelan que solo un 7% de los delitos relacionados con la libertad sexual llegan a ser reportados, lo que plantea serias preguntas sobre la eficacia del sistema judicial en la protección de las víctimas.

Finalmente, las organizaciones han reafirmado su compromiso de luchar contra la violencia sexual y han exigido justicia para la joven agredida. Concluyeron su comunicado asegurando que ninguna agresión quedará sin respuesta y que continuarán brindando su apoyo incondicional a las víctimas de violencia de género.