En la ciudad de Logroño, se ha conocido que una de las bebés que fueron intercambiadas en el Hospital San Millán ha decidido no retirar la maternidad formal de la madre con la que fue dada de alta. Esta decisión se hace en un contexto legal complicado, donde las implicaciones de tales intercambios son objeto de intensa discusión y demanda.

En el ámbito nacional, la situación no se limita a Logroño. Similarmente, en Toledo y Barcelona, el abogado José Sáez Morga ha presentado reclamaciones que incluyen una indemnización de tres millones de euros, lo que refleja la gravedad de estos errores en el sistema sanitario.

Hoy, 21 de noviembre, se informó sobre el dictamen del Consejo Consultivo que ha repercutido en este caso, el cual se originó en el Hospital San Millán de La Rioja. Este dictamen ha impulsado acciones legales en otras localidades, incluyendo Toledo, Barcelona y hasta Noruega, según reveló el abogado de una de las demandantes.

Sáez Morga realizó una rueda de prensa para esclarecer el estado actual de estos recursos legales, subrayando la importancia del dictamen del Consejo Consultivo riojano emitido el 27 de julio de 2022. En este, se afirmaba que las bebés fueron dañadas en el mismo instante en que fueron dadas de alta bajo familias equivocadas, lo cual añade una dimensión crucial al caso.

El abogado también mencionó un caso específico en Castilla-La Mancha, donde su defendido, un hombre nacido en 1971, descubrió que no era pariente biológico de quien había creído que era su hermana, después de realizarse una prueba de ADN motivada por ciertas dudas. Este descubrimiento le llevó a buscar justicia, siendo acercado a Sáez Morga, quien ha denunciado la pérdida de historias clínicas durante el proceso de traslado de documentación entre instituciones.

El abogado llevó a cabo una exhaustiva investigación, llegando incluso a explorar la antigua residencia mixta donde nació su cliente. Allí, halló registros en el Archivo Histórico de Guadalajara que confirmaron el alta de su defendido, donde se había alterado la información sobre su residencia, lo que derivó en que finalmente viviera con una familia que no le correspondía.

Luego de años viviendo en la confusión, su cliente decidió hacerse una prueba de ADN que reveló la verdad sobre su identidad, lo que convirtió su sufrimiento en objeto de reclamación legal. Sin embargo, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha resolvió el 17 de octubre de 2024 que no se había probado la relación de causalidad entre el daño sufrido por el demandante y los servicios del sistema sanitario, un fallo que Sáez Morga tilda de absurdo y contradictorio.

El abogado sostiene que las alegaciones del Consejo Consultivo ignoran el contexto real en el que se produjo el error, aduciendo que tal afirmación contradice el sentido común al considerar que el certificado de nacimiento otorgado al padre no debería ser tomado a la ligera.

El plazo para presentar un recurso contra esta resolución acaba el 15 de enero, y hasta el momento, Sáez Morga no ha procedido debido a que espera documentación relevante de dicho organismo. El abogado reclama de igual manera tres millones de euros en la denuncia de Toledo, sumando su lucha en el caso de Logroño, donde ya se ha aprobado una indemnización de 350.000 euros para una de las bebés intercambiadas.

La situación se complica ya que, por una parte, en el ámbito Contencioso Administrativo, la compañía aseguradora está intentando que el Gobierno de La Rioja asuma el coste de la indemnización, una gestión que Sáez Morga considera poco viable. Su defendida, que ya recibió 850.000 euros, mantendrá su reclamo de tres millones.

Adicionalmente, en cuanto al procedimiento civil en el caso de Logroño, su defendida ha decidido no retirar la maternidad formal de la madre con la cual fue dada de alta, por recomendación del Tribunal Supremo y por motivos de salud de la mujer, aunque ha dejado abierta la posibilidad de futuras acciones legales.

El abogado ha criticado la inacción de la Fiscalía en esta serie de casos, señalando la necesidad de una mayor protección para las víctimas desvalidas, refiriéndose a la madre discapacitada y a la abuela de la niña, quienes han sufrido las consecuencias de la confusión que ha marcado sus vidas.

Además, un tercer caso en Barcelona está en marcha donde también se reclama tres millones de euros. Aquí, la judicatura ha abierto un procedimiento tras el rechazo de una oferta de 300.000 euros, presentando evidentes garantías de que el caso sigue su curso en la búsqueda de justicia.

Sáez Morga ha destacado la novedad de los argumentos utilizados, en particular el concepto de que el daño se produce en el momento en el que la persona sale del hospital, no cuando se entera del error. Este enfoque ha guiado las demandas en distintos casos y establece un precedente fundamental que podría repercutir en futuras reclamaciones.

A la par, un caso en Oslo, Noruega, ha captado la atención internacional, con el apoyo de una abogada que está utilizando el precedente establecido por el Consejo Consultivo riojano para avanzar en el caso de una mujer que fue supuestamente intercambiada en 1965. Este caso es testimonio de las implicaciones más amplias que tienen estos errores administrativos a lo largo del tiempo, siendo un recordatorio de la necesidad de un sistema que asegure la justicia y la verdad para todos los afectados.