En un importante y contundente operativo, la Guardia Civil ha procedido al arresto de 28 individuos y ha identificado a 30 más en un caso que investiga más de 680 delitos relacionados con una red de estafas internacionales, que se inició con una detención en la ciudad de Valencia. Esta operación ha revelado la magnitud de un entramado criminal que ha defraudado más de 150.000 euros a aproximadamente 250 personas en toda España, a través de engaños relacionados con la venta de animales de compañía.

La colaboración entre la Guardia Civil, Interpol y la Policía Nacional de Colombia ha sido fundamental en este proceso, que ha permitido desarticular una organización criminal de gran envergadura. Hasta la fecha, se han acumulado un total de 681 delitos, incluyendo estafas y usurpaciones de identidad, aunque se espera que las cifras finales aumenten a medida que continúan las investigaciones.

En concreto, el despliegue operativo ha permitido esclarecer una serie de delitos diversos: 335 estafas, 158 casos de usurpación de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 33 amenazas y 60 casos de blanqueo de capitales, además de la pertenencia a una organización criminal. Este tipo de acciones subraya la seriedad y la complejidad del fenómeno delictivo que se enfrenta nuestro país.

La red criminal no sólo ha manejado estafas clásicas, sino que también ha realizado transacciones que superan los 35 millones de euros en criptomonedas, además de haber acumulado más de tres millones de euros en efectivo por medio de operaciones en todo el territorio nacional. Este esquema demuestra cómo los delincuentes han adaptado sus métodos a las nuevas tecnologías y, en particular, al uso de criptomonedas para facilitar el lavado de dinero y su elusión a la vigilancia de las autoridades.

La operación, que ha sido denominada 'Canmoney', se originó tras una denuncia de una víctima que había sido estafada tras pagar por un animal que nunca recibió. Los estafadores comprimieron sus ganancias en cuentas bancarias, después de lo cual convirtieron el dinero en criptomonedas, lo cual complicaba el rastreo por parte de las fuerzas del orden.

Los criminales sacaron provecho de páginas de compraventa, ofreciendo perros de compañía por aproximadamente 500 euros. Para convencimiento de las víctimas, utilizaban documentos de identidad robados, lo que les otorgaba un semblante legítimo. Una vez realizada la primera transacción, los estafadores solicitaban un segundo pago, y aquellos que se negaban eran objeto de amenazas que incluían mensajes intimidatorios, e incluso imágenes de armas, creando un ambiente de miedo y coacción para forzar el pago.

Las primeras detenciones relacionadas con esta investigación se realizaron en Valencia, lo que marcó el inicio de esta exhaustiva pesquisa. Se ha puesto de manifiesto cómo el uso de criptomonedas ha servido como una "estrategia clave" para enmascarar las actividades ilegales, permitiendo a la organización integrar sus fondos en el sistema financiero tradicional.

Un aspecto crucial del caso es la implicación de un propietario de locutorio, quien, aprovechando su conocimiento del sector, actuaba como testaferro en territorio español. Junto a su pareja, la pareja había ingresado cerca de tres millones de euros mediante cajeros automáticos dispersos en diferentes provincias, convirtiendo esos ingresos en criptomonedas antes de enviarlos a múltiples direcciones, dificultando así su rastreo.

En las estructuras organizativas de este grupo, operaban diversos individuos en Colombia y España, encargándose de abrir cuentas bancarias para recibir los fondos obtenidos de las estafas. Luego, otros se encargaban de transformar el dinero en criptomonedas y llevarlo a direcciones descentralizadas operadas por líderes de la organización que se encontraban en Colombia y Camerún.

Además, se realizaron un total de doce registros, incluyendo nueve en España y tres en Colombia, donde se confiscaron teléfonos móviles utilizados en las estafas, así como una serie de bienes: propiedades, vehículos y equipos informáticos, además de dinero en efectivo y criptomonedas, junto con armas de fuego ilegales.

La Guardia Civil llevó a cabo esta operación en estrecha colaboración con la Policía Nacional de Colombia y organismos internacionales como Interpol y Europol, lo que demuestra la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Las víctimas de esta trama delictiva han sido identificadas en un amplio número de provincias españolas, lo que da cuenta de la amplia escala de esta operación criminal, que se extiende a lo largo de todo el país.