En el comienzo del nuevo año escolar, el sindicato CCOO La Rioja ha levantado la voz exigiendo significativas mejoras en el sistema educativo. El principal reclamo se centra en la modificación de la normativa actual sobre interinidades, la cual, cuestionan, obliga a los docentes a aceptar jornadas a tiempo parcial sin alternativas viables. A su vez, señalan que aún hay una falta alarmante de 31 profesores en las aulas, muchos de los cuales trabajan en jornadas reducidas, y mencionan que se han agotado 30 listas de interinos en diferentes especialidades.

Pedro Javier Antolín, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, ha instado al consejero de Educación, Alberto Galiana, a comprometerse seriamente con la mejora de la educación pública. Antolín advirtió que, sin cambios significativos, se preparan movilizaciones que reunirán a la comunidad educativa y a la sociedad de La Rioja con el propósito de alcanzar un sistema educativo público de calidad.

Entre otras demandas, el sindicato hace hincapié en la necesidad de desarrollar un plan de infraestructuras educativas y mejorar las condiciones laborales de los docentes. También exigen que se incremente la inversión educativa hasta alcanzar el 7% del PIB y que se priorice la calidad del sistema educativo público, en oposición a las tendencias de privatización que, según ellos, está llevando a cabo el gobierno regional.

Antolín acusó al ejecutivo regional de no facilitar la creación de aulas de educación infantil en centros públicos, especialmente en Logroño, y de rechazar fondos estatales para la ampliación de formaciones profesionales públicas en la región. También criticó la falta de centros integrados de formación profesional en localidades como Calahorra y Lardero, al mismo tiempo que se destinan recursos a conciertos con entidades privadas.

El sindicato argumenta que estas decisiones han resultado en un aumento de la privatización en el sector educativo, destacando una inversión de 74 millones de euros en nuevos conciertos educativos con colegios privados en los próximos cinco años como una muestra de esta tendencia.

Por otro lado, CCOO ha manifestado su desacuerdo con la forma en que se están contratando a los docentes necesarios para el sistema público, a menudo el mismo día que los estudiantes comienzan las clases, lo que genera incertidumbre entre las familias y el personal docente. Actualmente, la falta de disponibilidad de 31 docentes en jornada completa agrava la situación.

Además, Antolín comentó que ya se han agotado 30 listas de interinos, lo que complica aún más la cobertura de las necesidades educativas en diversas especialidades. Este escenario genera preocupaciones sobre la equidad en el acceso a puestos de trabajo dentro del sistema educativo.

Ante esta situación, CCOO demanda que se inicie la negociación de una nueva norma que regule la provisión de interinidades, sugiriendo que se ofrezcan al menos contratos a media jornada y que la elección de estas opciones no sea obligatoria.

El sindicato también reclama que las contrataciones se extiendan a los meses de verano para aquellos que han trabajado durante el año escolar, y que se clarifiquen las vacantes disponibles con antelación.

Del mismo modo, CCOO solicita un complemento salarial a los profesores de Formación Profesional que aún no han sido integrados en el grupo A1, así como la integración de todos los cuerpos docentes en dicho grupo. A nivel legislativo, insisten en la necesidad de que la Consejería de Educación desarrolle de forma urgente los decretos necesarios para implementar la Ley de Formación Profesional, que ya tiene más de un año de antigüedad.

Por último, el sindicato señala que el sistema educativo no puede seguir dependiendo de decisiones unilaterales de la Dirección General de Gestión Educativa, e insisten en la urgencia de construir un nuevo instituto público en Logroño para aliviar la saturación de centros. En lo que respecta a los comedores escolares, piden que se establezcan cocinas propiamente en los centros y que estos se conviertan en espacios educativos integralmente orientados a la calidad alimentaria.

CCOO también subraya la necesidad de dotar a los equipos de orientación educativa de más recursos y profesionales, y que cualquier cambio en su estructura se realice con el consenso de los involucrados. En conclusión, el sindicato sostiene que los programas de refuerzo deberían ser gestionados por docentes del sistema público, y no depender de la externalización a empresas privadas.