En la ciudad gallega de Vigo, un operativo judicial ha logrado desmantelar una trama delictiva que se dedicaba a estafar a personas mayores, tras la denuncia de un afectado en Baiona. Esta investigación, conocida como Operación Colddoor, ha culminado con la detención de un individuo y la investigación de varias personas más, incluyendo a un procurador colegiado.

La Guardia Civil comenzó su indagatoria en febrero después de que se registrara una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 4, la cual detallaba diversas irregularidades en contratos y financiación, afectando especialmente a ancianos.

El objetivo de la investigación fue una sociedad ubicada en La Rioja, que operaba a través de una delegación en O Porriño y que ya tenía una declaración de insolvencia definitiva por parte de otro juzgado, lo que plantea serias dudas sobre su legalidad para operar.

Los investigadores descubrieron que los responsables de estas estafas realizaban visitas domiciliarias, priorizando a personas mayores que residían solas. A través de falsas promociones y regalos, lograban ganar la confianza de sus víctimas para venderles productos a precios exorbitantes, muy por encima de su valor real.

La estrategia incluía la firma de contratos de venta de productos supuestamente terapéuticos, que oscilaban en torno a los 3.500 euros. Además, ofrecían sistemas de financiación poco claros y, en ocasiones, cobraban en efectivo sin documentar dichas transacciones.

El análisis de facturas reveló que estos productos eran presentados como regalos en la contabilidad de la empresa, lo que les permitía tributar a un bajo tipo de IVA. En muchos casos, los estafadores convencían a sus víctimas de refinanciar sus compras bajo la premisa de obtener mejores condiciones, lo cual solo les sumaba más deudas.

Se solicitó un informe al Delegado del Servicio de Consumo de Pontevedra, quien encontró numerosas violaciones legales en los contratos utilizados por la empresa, destacando la falta de claridad en el precio y la información sobre los productos, además de cláusulas abusivas y mal manejo de datos personales.

Esta serie de irregularidades motivaron que se considerara que se habían cometido delitos de estafa y falsificación de documentos. Entre los implicados se encuentran varios individuos, incluyendo a la perpetradora principal, un hombre de 45 años con antecedentes penales por delitos similares, quien fue detenido recientemente.

Las investigaciones han llevado a la identificación de otros cómplices, incluyendo a directivos de sociedades financieras vinculadas a la trama, quienes supuestamente facilitaban estas operaciones delictivas sin transparencia ni cumplimiento de la normativa legal.

El Fiscal especializado en Consumo ha intervenido en el caso, y el trabajo continuado de la Guardia Civil está llevando a cabo los procedimientos necesarios para esclarecer completamente esta red de engaños que afectó a los ciudadanos más vulnerables, en un claro abuso de confianza que exige justicia.