Una mujer de 32 años ha sido arrestada en Logroño en relación a un caso de trata de seres humanos. Este suceso ha tomado gran relevancia en la comunidad, puesto que se investiga un esquema de explotación laboral que afecta a ciudadanos extranjeros.

El pasado jueves, la Ertzaintza llevó a cabo una operación en Idiazabal, Gipuzkoa, donde detuvo a un empresario de 38 años. Este individuo es sospechoso de haber cometido un delito de trata de personas con el objetivo de explotación laboral, todo ello a raíz de una denuncia que reveló las insoportables condiciones de trabajo de varios empleados en una empresa de instalación de fibra óptica.

Según indicaron fuentes del Departamento de Seguridad, la detención del empresario fue seguida de autorizaciones de un juez para realizar entradas y registros en Miranda de Ebro y Logroño. En este operativo, también se arrestó a la mujer de 32 años por su supuesta participación en los hechos delictivos.

La investigación se inició en enero de 2025, cuando los servicios sociales recibieron una alerta. Una persona se presentó para solicitar ayuda, ya que, a pesar de trabajar más de diez horas diarias, incluso los fines de semana, no contaba con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Esta víctima había sido engañada con promesas de regularización en España y sueldos que alcanzaban los 4.000 euros mensuales, relacionados con la instalación de fibra óptica en diferentes viviendas y empresas.

El empresario, que no tenía antecedentes penales, dirigía dos empresas a través de las cuales captaba trabajadores tanto de España como del extranjero. Estas compañías eran subcontratadas por otras empresas instaladoras que operaban para grandes operadores de telecomunicaciones.

Las indagaciones policiales confirmaron que muchas de las víctimas estaban en situación irregular y no figuraban en el sistema de Seguridad Social. Para ocultar esta irregularidad, se les proporcionaban carnets falsificados a nombre de personas que sí estaban afiliadas, permitiendo al empresario emplear a múltiples trabajadores a través de una única alta legal.

Se alega que el empresario se quedaba con el 75% de los ingresos generados por cada instalación, mientras que del 25% restante, descontaba diversos gastos, incluyendo gasolina, alojamiento, supuestas deudas y un 8% adicional por la falta de documentación, lo que dejaba a los trabajadores en una situación de precariedad extrema, de acuerdo a la Ertzaintza.

Hasta el momento, se han acumulado cinco denuncias relacionadas con este caso, y se espera que el número de víctimas aumente tras la reciente detención. Las autoridades han declarado que seguirán investigando y no se descartan nuevos arrestos o la localización de más personas afectadas en otras regiones del país. Aparentemente, algunas víctimas todavía temen dar el paso de denunciar por miedo a represalias.

El empresario detenido ha sido puesto a disposición del poder judicial y enfrenta cargos no solo por trata de seres humanos con fines de explotación laboral, sino también por violaciones a los derechos de los trabajadores, tráfico ilegal de personas, y falsificación de documentos, entre otros delitos relacionados.