Un residente de 53 años de Aldeanueva de Ebro se encuentra bajo investigación por parte de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en La Rioja, debido a la realización de obras no autorizadas en su propiedad que han causado daños severos en el yacimiento arqueológico romano conocido como 'La Torrecilla', situado en el municipio de Calahorra.

Estas obras, que se llevaron a cabo sin los permisos necesarios, han provocado un deterioration significativo del yacimiento, un hecho que afecta directamente al Patrimonio Arqueológico, dado que se considera una lesión a un bien de gran valor histórico.

La situación es aún más preocupante al haberse ejecutado en una zona catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). Esta infracción ha resultado en la irrecuperable pérdida de información histórica relacionada con materiales que formaron parte de diversas construcciones de la Roma antigua.

La intervención del SEPRONA forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir las actividades ilícitas de robo y expolio en yacimientos arqueológicos y para asegurar la protección del patrimonio histórico en la región.

Todo comenzó cuando agentes de la patrulla de Autol observaron que se realizaban obras en varias parcelas del polígono 47 de Calahorra, específicamente dentro del yacimiento 'La Torrecilla'.

Las labores incluyeron la roturación del terreno con el objetivo de plantar un viñedo y establecer un sistema de riego, acciones que resultaron en daños graves a múltiples piezas arqueológicas, incluyendo cerámica común, restos de adobes, sillares, tinajas y sigillatas.

Al identificar al responsable de las obras, se constató que esta persona carecía de las autorizaciones necesarias, las cuales debían ser proporcionadas por el Ayuntamiento de Calahorra y la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja.

Ante la gravedad de los hechos, se informó a la Dirección General de Cultura a través del Servicio de Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico Artístico.

En respuesta a la situación, técnicos arqueólogos fueron enviados al sitio para verificar y evaluar los daños ocasionados por los movimientos de tierra, los cuales afectaron prácticamente la totalidad de la superficie del yacimiento.

Los expertos confirmaron que había daños significativos en numerosos fragmentos de cerámica, con una cronología que va desde la época celtibérica hasta la tardorromana, lo que resalta la importancia de este sitio.

La Consejería de Cultura ha señalado que llevará a cabo sondeos arqueológicos para determinar el tamaño del yacimiento que ha sido destruido y el que aún se conserva, así como para evaluar las repercusiones económicas y culturales que ha generado el individuo bajo investigación.

Las diligencias policiales han sido enviadas a la autoridad judicial y a la Fiscalía de Medio Ambiente para su correspondiente tratamiento legal.

La Guardia Civil ha recordado que, según el Artículo 323 del Código Penal, quien cause daños en bienes con valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos, puede ser castigado con penas de prisión que oscilan entre seis meses y tres años, o multas de doce a veinticuatro meses. Esta normativa también se aplica a los actos de expolio en dichos bienes.