LOGROÑO, 17 de septiembre. En un giro relevante del ámbito judicial, el abogado D.N.C. ha decidido aceptar una condena que incluye cuatro años y medio de prisión, además de nueve años y medio de inhabilitación para el ejercicio de su carrera profesional. Esta decisión se tomó tras alcanzar un acuerdo en dos juicios celebrados durante la mañana, relacionados con varios delitos graves, entre los que se cuentan la estafa, la apropiación indebida y la deslealtad profesional. De igual manera, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha impuesto una multa de 13.680 euros.

El primer juicio tuvo lugar a las 10:00 horas, donde el letrado, quien ya había sido condenado en 2021 por un delito similar, enfrentó cargos por apropiación indebida, estafa y deslealtad profesional hacia una de sus empresas clientes. En este caso, aceptó una pena de dos años de cárcel y una multa de 2.160 euros por los dos primeros delitos, junto con dos años de inhabilitación. Además, la sanción por deslealtad profesional se tradujo en una multa de 4.320 euros y una inhabilitación de tres años.

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo sobre la responsabilidad civil, valorada en 79.948 euros, lo que llevó a la celebración de un juicio específico para este tema. Según el Tribunal, se ha evidenciado una transferencia de 12.000 euros desde el acusado a la empresa afectada, Hormigones Ángulo S.L., aunque aún no hay registros confirmados de esta operación.

En la acusación, el fiscal solicitaba una pena de cinco años de prisión, además de una multa de 10.800 euros y una responsabilidad civil cercana a los 80.000 euros. De acuerdo con los documentos presentados, el abogado, quien actuaba como administrador de dos sociedades, cometió los delitos entre 2018 y 2019 con el propósito de obtener un beneficio ilícito, perjudicando los intereses de su cliente al realizar transacciones sin autorización del Juzgado.

El modus operandi del abogado consistía en solicitar dinero a la empresa 'Construcciones Angulo Hermanos S.L.' al abusar de la confianza depositada en su relación profesional. Aprovechando su posición como administrador concursal de 'Atom Vehículos Industriales', el letrado emitía órdenes de transferencia a una cuenta bancaria personal, que no era la designada por el juzgado.

El 21 de junio de 2018, el abogado envió un correo en el que solicitaba la realización de una oferta, pidiendo el ingreso de una fianza en su cuenta personal como administrador. A consecuencia de ello, se realizó un pago de 12.000 euros que terminó en la cuenta de D.N.C.

Con el tiempo, el abogado continuó exigiendo pagos a la constructora por montos que sumaban diferentes cantidades. En repetidas ocasiones justificaba estas solicitudes como gastos notariales y otros requerimientos relacionados con el proceso de venta de propiedades.

En enero de 2019, D.N.C. volvió a contactar a la empresa para solicitar más ingresos, alegando que eran necesarios para completar ciertos trámites. Sin embargo, estos pagos nunca correspondían a las gestiones prometidas, dando lugar a un clima de desconfianza creciente entre el abogado y la empresa.

El conflicto culminó en julio de 2019, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Logroño emitió un auto que detallaba las irregularidades en las acciones de D.N.C. como administrador concursal. En octubre, se aprobó su cese y se designó un nuevo administrador debido a la falta de justificación de los pagos realizados por la constructora.

La cantidad total defraudada, que ascendía a 79.948,89 euros, terminó directamente en la cuenta personal del abogado, poniendo en evidencia la magnitud de la estafa.

Más tarde, el abogado se enfrentó a otro juicio a las 12:00 horas por apropiación indebida y falsedad en la compraventa de un inmueble, donde llegó a un nuevo acuerdo. Por el delito de apropiación indebida, aceptó una pena de un año y tres meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer como abogado durante este tiempo. En cuanto al delito de falsedad, fue condenado de forma similar, y se le impuso otra multa de 3.600 euros.

El fiscal, en esta ocasión, había solicitado tres años de prisión, junto con la obligación de indemnizar a sus clientes por un monto superior a los 4.600 euros. Según las alegaciones, el abogado había sido contratado para gestionar la compraventa de un inmueble, formalizando un presupuesto que incluía todos los gastos asociados.

A pesar de los pagos realizados, los trámites no avanzaron como prometido, lo que llevó a los clientes a asumir nuevamente los costos, generando un conflicto adicional que complicó aún más la situación del abogado ante la justicia.

A medida que la situación se fue desarrollando, D.N.C. se mostró dispuesto a devolver una parte de los fondos, aunque no se cumplió con las expectativas de sus clientes. El 7 de mayo de 2021, envió un correo a uno de ellos con un documento que supuestamente confirmaba la transferencia de dinero, aunque, contrariamente a lo afirmado, dicha transferencia nunca se realizó.