Concluye con acuerdo de conformidad el juicio contra el abogado D.N., acusado de estafa, apropiación indebida y deslealtad a sus clientes. Las acusaciones pedían nueve años de cárcel e inhabilitación, pero finalmente se llegó a un acuerdo por el que se le condena a dos años de prisión por los dos delitos de apropiación indebida, cuatro años de inhabilitación para ejercer como letrado por apropiación indebida, y una multa de 3.600 euros.
A pesar de la condena, esta se suspende siempre y cuando en un plazo de 12 meses el abogado pague el importe total de 18.433 euros que le ha reclamado el fiscal en concepto de responsabilidad civil.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado ideó un plan para obtener beneficio económico de forma ilícita, aprovechándose de su credibilidad profesional y de la relación abogado-cliente.
En 2013, el abogado fue contratado por dos particulares para presentar una demanda contra una entidad bancaria buscando la nulidad y devolución de unas obligaciones. Por sus servicios, el letrado aceptó un pago de 7.400 euros en concepto de honorarios. Sin embargo, cuando la reclamación resultó favorable y se condenó al demandado al pago de las costas en 2017, el abogado presentó a sus clientes una factura por 18.140 euros.
Después de que los clientes pagaran la factura, el abogado les comunicó que había "diferencias en los importes que podrían reclamar", ascendiendo a 7.867,67 euros, y les envió un presupuesto de honorarios de 1.023 euros. Los clientes realizaron el pago nuevamente, pero se quejaron de la falta de comunicación por parte del abogado e incluso desconocían si se había iniciado la nueva reclamación.
En realidad, el letrado había recibido el importe completo de las costas, que era ligeramente inferior a lo pagado por los clientes, y había sido abonado a su bufete, incluyendo los honorarios del procurador, según consta en la sentencia.
Los clientes enviaron un burofax exigiendo la devolución del dinero y solicitando que el abogado abandonara el nuevo procedimiento, además de ponerse en contacto con el Colegio de Abogados. El abogado respondió por WhatsApp que devolvería el dinero en tres plazos, pero solo ha pagado 5.810 euros.
Por otro lado, otros dos clientes contrataron al abogado para defender sus intereses contra otra entidad bancaria. También en este caso, tras recibir un anticipo de 2.420 euros, el abogado emitió una factura por un total de 6.806,09 euros, exigiendo el pago restante de 4.386,09 euros. Las clientas no recibieron el pago de las costas que se establecía en la sentencia.
En el juicio, el abogado no presentó ningún contrato privado ni la hoja de encargo de ambos asuntos.
El acusado ha incorporado a su patrimonio 12.940,19 euros pertenecientes a unos clientes y 5.493,77 euros pertenecientes a los otros.
El Ministerio Fiscal considera al abogado culpable de dos delitos de estafa, dos de apropiación indebida y dos de deslealtad profesional. Por ello, pedía nueve años de cárcel, inhabilitación para la profesión y una multa. Además, reclamaba una indemnización de 12.940,19 euros para los primeros clientes y 5.493,77 euros para los segundos, lo que suma un total de 18.433,96 euros.