LOGROÑO, 18 de marzo.

Un giro inesperado se ha producido en el caso de la manipulación de un cuentakilómetros en un vehículo, al retirarse la acusación contra uno de los implicados. En el otro caso, el acusado ha decidido aceptar un acuerdo que incluye dos meses de prisión, una multa de 960 euros y la obligación de pagar 8.000 euros al afectado en concepto de responsabilidad civil, además de asumir los costos judiciales.

Este desenlace se ha dado en el contexto de un juicio celebrado en la Audiencia Provincial, que ha resultado en un acuerdo entre las partes. Se han reconocido, en este proceso, circunstancias atenuantes como las dilaciones indebidas y la reparación del daño causado.

El Ministerio Fiscal había solicitado una pena considerable de seis años de prisión para un padre y su hijo, acusados de haber cometido un delito de estafa. Este delito consistía en alterar intencionadamente el cuentakilómetros de un coche para su posterior venta. Además, el Fiscal también había pedido 18 meses más de cárcel para el hijo por falsificación de documento privado, debido a que supuestamente había imitado la firma del cliente para evitar responsabilidades.

Las irregularidades se habrían registrado a principios del año 2017, cuando ambos acusados estaban empleados en una concesionaria de automóviles, con el padre ejerciendo como administrador.

Los acusados, de manera coordinada, vendieron el vehículo por la suma de 6.000 euros tras haber manipulado el cuentakilómetros. Su objetivo era "enriquecerse ilícitamente".

En el momento de la entrega, el cuentakilómetros del coche mostraba 123.984 kilómetros, sin embargo, de acuerdo con la documentación, en febrero de 2016 el vehículo había registrado 200.534 kilómetros, como señala el Fiscal.

Posteriormente, tras las quejas del comprador al notar que el estado del auto no correspondía a lo que se había prometido, uno de los acusados -el hijo- redactó un contrato de compraventa que los eximía de cualquier responsabilidad sobre el estado del vehículo, utilizando la firma del cliente sin su consentimiento.

El Fiscal calificó estos actos como un delito de estafa y otro de falsificación, esgrimiendo que ambos acusados eran responsables del primero, por lo cual solicitó una pena de tres años de prisión para cada uno.

Además, para el delito de falsificación en documento privado, pidió que se impusieran 18 meses de prisión al hijo. También se requirió que ambos indemnizaran, de manera conjunta y solidaria, al comprador del coche en la cantidad de 6.000 euros, suma que también será asumida por la empresa de automóviles en la que trabajaban los acusados.