Crónica La Rioja.

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UGT planea protestas en seguridad privada tras recientes agresiones en el hospital San Pedro.

UGT planea protestas en seguridad privada tras recientes agresiones en el hospital San Pedro.

LOGROÑO, 14 de noviembre.

En un preocupante giro de eventos, la FeSMC UGT ha alzado la voz contra dos recientes agresiones sufridas por vigilantes de seguridad en el Hospital San Pedro de Logroño. Estos incidentes se añaden a la denuncia de una agresión ocurrida el 12 de noviembre en el centro comercial Berceo, lo que pone de manifiesto un alarmante incremento en la frecuencia de este tipo de episodios y resalta la creciente desprotección en la que se encuentran los profesionales encargados de la seguridad en estos entornos.

Las agresiones, que tuvieron lugar en días diferentes, incluyen un mordisco en el brazo infligido por un paciente a una vigilante de seguridad. Al día siguiente, un segundo incidente se produjo cuando otro paciente mordió en el abdomen a un diferente vigilante. Estos actos de violencia, desafortunadamente, están en aumento y reflejan un grave problema de seguridad en los espacios donde se brinda atención a la salud.

Es lamentable observar que las agresiones a personal de seguridad privada en el Hospital San Pedro se han vuelto demasiado comunes, sobre todo en el área de urgencias, donde las tensiones son una constante, así como en el departamento de psiquiatría. Estas áreas son puntos críticos donde los vigilantes de seguridad llevan a cabo su labor esencial y, a menudo, se encuentran en situaciones de alta presión.

La organización FeSMC UGT en La Rioja ha dejado claro que es hora de poner un alto a esta creciente ola de agresiones, que se están produciendo con mayor frecuencia y en niveles de gravedad cada vez más preocupantes. Estas violencias repercuten directamente en la salud física y mental de los efectivos que realizan estas labores, lo que no se puede permitir.

Como respuesta, planean iniciar una serie de movilizaciones a partir de la próxima semana, orientadas a solicitar a las empresas de seguridad, así como a los clientes contratantes de estos servicios —tanto en el ámbito privado como público— e instituciones laborales competentes, dos demandas fundamentales: la implementación de más medios de protección para los vigilantes y una mayor protección jurídica en el ejercicio de su labor profesional.