El sindicato UGT ha levantado la voz contra lo que consideran una "mala gestión" en la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio en la Cuenca del Cidacos, apuntando a la concesión a la empresa Óbolo como un ejemplo lamentable de cómo la reducción de precios puede conducir a resultados nefastos.

Este viernes, en una rueda de prensa celebrada en Logroño, la secretaria del sector de Dependencia de UGT, Daria Saiz, no dudó en manifestar su preocupación, resaltando que la adjudicadora de este servicio arrastra trece denuncias que cuestionan su fiabilidad. Saiz enfatizó que la mala calidad de la gestión está íntimamente relacionada con la estrategia de bajar precios, lo que, según ella, ha creado un “efecto llamada” para empresas poco escrupulosas que operan al margen de las regulaciones.

Durante la conferencia, Saiz estuvo acompañada por el secretario general de UGT Servicios Públicos de La Rioja, Fernando Domínguez, quien refrendó las afirmaciones de su compañera con datos concretos. La tarifa aceptada para el servicio fue de 18,14 euros por hora, lo que representa una disminución significativa de 0,34 euros respecto al precio inicial propuesto por la Mancomunidad.

La representante del sindicato no dudó en calificar a Óbolo como una entidad que ha quedado marcada negativamente por trece denuncias ante el Servicio de Atención al Trabajador (SAT) de Alfaro. Destacó que estos reclamos se deben a su repetido incumplimiento del convenio colectivo, incluyendo la negativa a reconocer la antigüedad de sus trabajadoras y a solventar las deudas económicas que aún persisten.

Por su parte, Domínguez cuestionó la decisión de adjudicar el servicio a una empresa cuya única ventaja parece ser el precio excepcionalmente bajo, una estrategia que, a su juicio, necesariamente atrae a compañías que no cumplen con los estándares adecuados y que tienen un historial de prácticas laborales deficientes. "La advertencia que hicimos se ha hecho realidad", recalcó, añadiendo que incluso se ha visto lo peor de la situación cuando la empresa concesionaria optó por reducir el importe aún más, comprometiendo más condiciones laborales.

En este sentido, ambos líderes sindicales no escatimaron en críticas hacia la presidenta de la Cuenca del Cidacos, Catalina Bastida, a quien imputaron una gestión deficiente al diseñar un pliego que desalentó a la empresa anterior, que estaba funcionando de manera satisfactoria. La decisión de ajustar las condiciones favoreció la llegada de Óbolo, cuyos problemas han sido evidentes en localidades adyacentes como Alfaro, donde enfrenta múltiples demandas por incumplimientos.

Saiz se preguntó por qué no se tomaron como referencia los precios de licitación de otras localidades, como Logroño o Agoncillo, lo que podría haber llevado a una asignación más justa y equitativa del servicio. Además, destacó que las trabajadoras de Óbolo han recurrido a la Inspección de Trabajo por la falta de entrega de Equipos de Protección Individual (EPI) y por el retraso en el pago de sus nóminas.

El sindicato también informó que algunas trabajadoras de la ayuda a domicilio en Alfaro han llevado a cabo reclamaciones contra Óbolo por la incorrecta liquidación de sus finiquitos. En un claro indicio de explotación laboral, se reveló que la empresa pagaba las horas extras a 7,22 euros, una cifra que está notablemente por debajo de los 8,36 euros que debería corresponderles por las horas ordinarias más antigüedad.

El malestar entre los representantes del sindicato se agravó aún más cuando Domínguez cuestionó a Bastida sobre la discrepancia en el número de trabajadoras, señalando que ella asegura que son 35 y no 44. Aclaró que la cifra de 35 se limita a aquellas con contrato indefinido, excluyendo a las trabajadoras eventuales y las que están en baja laboral, lo que podría representar una omisión grave en la consideración del número total de empleadas afectadas.

Finalmente, UGT expresó su preocupación por el futuro de estas trabajadoras eventuales que, según Saiz, constituyen un 20% de la plantilla y podrían verse amenazadas con la entrega del servicio a una empresa que ya ha demostrado no cumplir con sus obligaciones laborales. Además, Domínguez instó a Bastida a ofrecer explicaciones sobre por qué el sobre relativo a la oferta económica se abrió el 24 de octubre, un hecho que contradice el calendario original del perfil del contratante, que señalaba el 11 de octubre para dicha apertura.