El esperado juicio contra un individuo acusado de un grave delito relacionado con el tráfico de drogas se llevará a cabo este martes, 14 de enero, en la Audiencia Provincial de Logroño.

LOGROÑO, 13 Ene. El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de cinco años de prisión, además de una multa de 300 euros, para el procesado, quien ha estado involucrado en actividades de tráfico de cocaína desde, al menos, julio de 2017, operando en distintos puntos de la ciudad.

En el documento al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ha señalado que, en caso de que se imponga una pena privativa de libertad, esta podría ser sustituida por la expulsión del acusado del territorio nacional por un periodo de diez años.

El acusado fue detectado en varias ocasiones mientras realizaba sus actividades delictivas. Un incidente relevante ocurrió el 16 de julio de 2017, cuando salió del portal de su casa en Logroño, se subió a su motocicleta, y se dirigió al Polígono de Cantabria, donde llevó a cabo un intercambio de droga y dinero con un conductor a bordo de un coche.

Durante esta transacción, la Policía logró interceptar al conductor del vehículo, quien había escondido la droga bajo el freno de mano de su coche, lo que puso en alerta a las fuerzas del orden sobre las actividades del acusado.

Tras este evento, el acusado intensificó sus medidas de seguridad. Según el relato del Fiscal, este individuo adoptó un comportamiento de vigilancia, asomándose repetidamente por la ventana de su vivienda y tomando nota de las matrículas de los vehículos aparcados en las cercanías. También se dedicó a observar el entorno, cambió de dirección frecuentemente, y hasta dio de baja su teléfono antes de ausentarse durante varias semanas de la ciudad.

En los meses siguientes, las operaciones delictivas del acusado continuaron. El Fiscal detalla en su escrito que fueron registradas varias actividades, algunas de las cuales fueron rastreadas por los agentes de la Policía. En este contexto, se documentaron al menos 30 conversaciones telefónicas entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, donde usaba un lenguaje cifrado para comunicarse con compradores de cocaína. Además, se menciona que realizó al menos 15 llamadas o envíos de mensajes de texto entre febrero y marzo de 2018 desde otro número de teléfono.

El acusado, que no poseía empleo conocido, vivía con su esposa, quien tampoco trabaja, y sus tres hijos menores. Sin embargo, en una conversación telefónica, el acusado mencionaba que estaban ahorrando 300 euros mensuales en una cuenta a nombre de los niños, con la esperanza de comprar un piso en el futuro.

Finalmente, el 7 de marzo de 2018, los agentes de la autoridad detuvieron al acusado cuando se encontraba en el vehículo que utilizaba para llevar a cabo las entregas de droga. En esa misma jornada, se realizó un registro en su domicilio, lo que condujo a nuevos hallazgos relacionados con su actividad delictiva.

Los hechos enumerados constituyen un delito contra la salud pública, específicamente en su modalidad de venta de sustancias que representan un grave daño para la salud, lo que lleva a la Fiscalía a considerar la imposición de una pena de cinco años de prisión, una multa de 300 euros, así como un arresto sustitutorio de 15 días en caso de impago, más el pago de las costas del proceso.

Por último, el Ministerio Fiscal ha indicado que, al concluir al menos dos tercios de la pena privativa de libertad, esta podría ser conmutada por la expulsión del acusado del territorio español durante un período de diez años.