El próximo 15 de enero se llevará a cabo un juicio en la Audiencia Provincial, donde el Fiscal ha solicitado una condena de tres años de prisión para un individuo vinculado a un grupo criminal, acusado de múltiples delitos de estafa y falsificación de documentos oficiales.

Según la información que ha llegado a conocer Europa Press, el acusado, quien no cuenta con antecedentes penales, forma parte de una organización delictiva que operaba en varias regiones del país, utilizando un método conocido como "cobro de efectos bancarios falsos".

Este grupo se especializaba en la obtención y manipulación de cheques y pagarés que eran sustraídos del correo ordinario. Los documentos se alteraban para cambiar tanto la cantidad, siempre cercana pero nunca superior a los 3.000 euros, como el nombre del beneficiario.

El acusado, identificado como M.M.S., ocupaba un rol específico dentro de la estructura delictiva, desempeñando funciones como cobrador. Este trabajo consistía en presentar documentación falsa y, en ocasiones, asumir la identidad del verdadero titular de los pagarés. Era él quien, en apariencia, completaba las transacciones fraudulentas.

Para llevar a cabo sus fraudulentos cobros, M.M.S. había proporcionado su imagen, que se utilizó para crear un DNI falso a nombre de una persona diferente. Este documento era crucial para que pudiese acceder a los bancos y cobrar los efectos financieros manipulados.

Cuando el acusado recibía indicaciones de sus superiores, estos lo recogían en su domicilio en Torrevieja, Alicante, y lo trasladaban a diversas entidades bancarias en todo el país, donde procedía a cobrar utilizando el DNI falso, logrando así obtener efectivo.

Una vez completada la operación, M.M.S. entregaba la mayor parte del dinero a uno de sus jefes, quedándose con 500 euros por cada estafa. Además, el temor a represalias físicas por parte de sus superiores en caso de fracaso en las transacciones fraudulentas también era un fuerte componente de su interacción con el grupo.

Las investigaciones de la Policía Nacional han documentado un total de quince estafas atribuidas a este grupo criminal, donde el acusado, con su papel de cobrador, habría conseguido un botín que asciende a 35.823,47 euros. Asimismo, el monto de las operaciones que no llegaron a concretarse es de 12.890,53 euros.

En la provincia de La Rioja, el acusado atacó a una empresa de Agoncillo que había enviado una remesa con diez pagarés, así como a otra compañía ubicada en el Parque San Adrián de Logroño, que también había depositado pagarés en un buzón.

Después de sustracción y manipulación de los documentos, la organización produjo nuevos soportes que preservaban elementos genuinos mientras alteraban datos cruciales, como el importe y el beneficiario de los pagarés.

A continuación, el acusado intentó cobrarlos en diversas sucursales bancarias en Logroño y Agoncillo, aunque no logró tener éxito en todas las ocasiones.

Para el Fiscal, las acciones del acusado constituyen delincuencia continuada de falsedad en documentos oficiales y mercantiles, así como otro delito continuado de estafa. Por ello, se solicita una condena que incluya una pena de tres años de prisión.

Además, el acusado deberá indemnizar a las víctimas de estas irregularidades, ya sean las empresas emisoras de los pagarés o las entidades bancarias que hayan asumido las pérdidas tras haber considerado legítimos los efectos mercantiles que resultaron ser inauténticos.