Logroño, 29 de octubre. En un claro llamado a la acción, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF en La Rioja han decidido unirse a la manifestación nacional programada, con la esperanza de que el Gobierno central escuche sus demandas y convoque una mesa de negociación que conduzca a un acuerdo global para los empleados públicos.

Durante una conferencia de prensa, destacaron figuras como Fernando Domínguez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, junto con Pedro Antolín, líder de la Federación de Enseñanza de CC.OO., y Nuria García, responsable de acción sindical de CSIF en La Rioja.

Entre sus reivindicaciones se incluye un aumento salarial, que consideran atrasado desde enero, con el fin de evitar la pérdida de poder adquisitivo, así como la necesidad de una recualificación de los puestos laborales, la jubilación parcial, y acciones que reduzcan la temporalidad para cumplir con el límite del ocho por ciento de interinidad establecido por la Unión Europea, además de asegurar el cien por cien de las pagas extraordinarias.

Domínguez enfatizó la cantidad de empleados públicos en La Rioja, que oscila entre 21,600 y 21,800, abarcando diversas administraciones y sectores como sanidad y educación. Subrayó que es inaceptable que estos trabajadores continúen con salarios estancados.

El lema de la concentración, que tendrá lugar mañana, 30 de octubre, frente a la Delegación del Gobierno a las 12:00 horas en La Rioja, es "Mejor salario y más empleo". Domínguez explicó que sin condiciones dignas para los trabajadores, no se puede garantizar servicios públicos de calidad.

Antolín criticó al Gobierno de La Rioja por su inclinación hacia la privatización de los servicios públicos y acusó al Gobierno central de desidia y falta de interés que permite que esta situación se mantenga en las diversas comunidades autónomas.

Advirtió que si no se inicia un diálogo y se llega a un acuerdo, las protestas podrían culminar en una huelga general programada para diciembre, poniendo de manifiesto la creciente frustración de los trabajadores.

García también señaló la hipocresía del Gobierno, que exige un aumento salarial en el sector privado pero se niega a implementar lo mismo en sus propias filas. Consideró esta postura como incoherente e injusta.

Enfatizó que los servicios públicos dependen del esfuerzo y la dedicación de unas plantillas que están cada vez más agotadas, mal remuneradas y con recursos que se están desvaneciendo.