En una reciente jornada organizada por la FER, se ha puesto sobre la mesa la crucial cuestión de cómo optimizar los plazos de entrega de licencias y permisos urbanísticos, un proceso que, según expertos, puede mejorarse con la voluntad política adecuada.

Celebrada en Logroño, este evento reunió a profesionales del ámbito urbanístico de la ciudad y de otros municipios de La Rioja, con el objetivo claro de buscar formas de enlentecer los tiempos de tramitación que, en muchos casos, se han ido alargando más de lo necesario.

Carlos del Rey, presidente de la CPAR-CNC en La Rioja, enfatizó que los retrasos generados en la obtención de estos permisos no son solo inconvenientes burocráticos, sino que también acarrean costos significativos. De hecho, mencionó que hasta un 40% del coste total de una promoción inmobiliaria puede estar ligado al trámite de licencias. “Esto es un asunto que debemos abordar colectivamente para evitar inconvenientes que afectan directamente a los ciudadanos”, subrayó.

El evento también sirvió como plataforma para compartir ejemplos exitosos donde se han conseguido agilizar procesos de construcción y aprobación de licencias, lo que podría ser modelado en otras localidades para obtener resultados similares.

Del Rey propuso la necesidad de establecer normativas más eficaces y un enfoque administrativo más participativo, sugiriendo que en el pasado estos trámites se resolvían en cuestión de un mes, mientras que actualmente este proceso puede extenderse hasta cinco meses, creando un efecto negativo en la economía local y en la satisfacción de los clientes.

Mariano Fuentes, exconcejal de Urbanismo de Madrid, estuvo presente en la jornada y destacó cómo algunas estrategias implementadas en su ciudad podrían servir de referencia. Agradeció la oportunidad de compartir experiencias que podrían ayudar a reducir los tiempos de tramitación en La Rioja, apuntando que cada demora no solo provoca inconvenientes a los promotores, sino que además repercute en el precio final que paga el consumidor.

Fuentes destacó que, al reducir plazos y simplificar procesos, se puede facilitar la disponibilidad de viviendas y, por ende, mejorar la calidad de vida de las personas en las comunidades afectadas. Relató cómo, en 2022, Madrid implementó una normativa que recortó de cinco meses a solo un mes el tiempo medio para la concesión de licencias, lo que permitió un impulso considerable en el desarrollo empresarial y la creación de empleos.

“La clave está en analizar metódicamente todos los procedimientos y buscar esos ‘cuellos de botella’ que ralentizan el proceso”, afirmó, sugiriendo que este enfoque, comunes en el sector privado, debería ser adoptado por la administración pública para incrementar la eficiencia.

Por último, dejó claro que el primer paso para abordar esta situación es la voluntad política, apoyada por un compromiso colectivo de los servicios técnicos para mejorar la eficiencia en la tramitación administrativa, lo que se traduciría en un servicio municipal de mayor calidad y agilidad.