LOGROÑO, 28 de mayo. En una reciente sesión judicial, la medicina psiquiátrica ha cobrado protagonismo en el caso del acusado por un trágico atropello masivo ocurrido en Haro el 4 de septiembre de 2023. La especialista que evaluó al imputado tras el incidente ha descrito su estado mental como un claro reflejo de un “delirio paranoide”, señalando que su pensamiento estaba viciado por una creencia errónea de que existía un complot en su contra.

La psiquiatra explicó que el acusado padece esquizofrenia paranoide y que, en el momento de los hechos, estaba experimentando un brote muy grave de su trastorno. Su conducta agresiva hacia los profesionales de la salud fue atribuida a este episodio psicótico, lo que podría justificar sus gritos descontrolados contra el Gobierno, en los que alegaba ser víctima de engaños y amenazas de muerte.

En su testimonio ante el jurado, la doctora compartió que un brote psicótico puede ser gradual, señalando que inició un día antes del trágico suceso. Explicó que, a pesar de estar bajo tratamiento, los pacientes con este diagnóstico pueden presentar descompensaciones. El tratamiento puede moderar la gravedad de los episodios, pero no los elimina por completo.

Durante el juicio, se reveló que la evaluadora observó signos claros de descompensación psicótica y un aplanamiento emocional cuando examinó al acusado por primera vez. Esto sugiere que podría haber ocultado o no haber reconocido correctamente sus síntomas antes del incidente, temor que podría haber estado motivado por la preocupación de una intervención policial o un posible ingreso terapéutico.

La psiquiatra también relató que el acusado manifestó tener miedo a ser interceptado por la policía vasca, lo que refleja su tendencia a la paranoia y a la persecución. Posteriormente, la profesional solicitó su ingreso en un módulo penitenciario del hospital durante un mes, donde el acusado reportó escuchar voces y tener pensamientos suicidas, además de alegaciones de que intentaban hacerle daño.

Durante su estancia en el hospital, el acusado compartió experiencias de persecución y creencias de que estaban tramando un complot en su contra, incluso percibiendo señales que confirmaban sus temores. Con el tiempo, comenzó a atribuir su estado psicótico a un supuesto condicionamiento por parte del Gobierno.

La especialista subrayó que aunque el acusado tenía conocimientos sobre su enfermedad y su impacto, había limitaciones en su comprensión de todos los síntomas que experimentaba, lo que complicaba su situación. Esa falta de plena conciencia sobre su condición podría haber influido en su comportamiento durante el atropello.

En el juicio se mencionó que, tras un segundo ingreso en marzo de 2024, se modificó su medicación debido a una respuesta insuficiente a la anterior. Al ser interrogada sobre la idoneidad de conducir en su estado mental, la psiquiatra concluyó que realizar cualquier actividad de riesgo durante un brote es totalmente desaconsejado.

Una segunda médico psiquiatra que también trató al acusado desde 2020 indicó que el imputado ya manifestaba preocupaciones sobre ser perseguido, lo que trae a colación un patrón persistente en su enfermedad. Aunque mostró mejoras en sus síntomas a lo largo del tiempo, continuó presentando episodios menores de paranoia, lo que lo llevó a preocuparse por su futuro laboral, especialmente en función de su deseo de volver a ejercer como policía.

Pese a los esfuerzos por mantener el tratamiento, el acusado optó por interrumpir su medicación, aunque continuó con el seguimiento médico. Más adelante, intentó reinstaurar el tratamiento para obtener un informe que validara su primer ingreso como algo transitorio, con el fin de facilitar su reintegración laboral.

Días antes del desafortunado atropello, la madre y hermana del acusado expresaron su inquietud sobre su estado mental, lo que motivó una llamada de la psiquiatra al imputado. Cuando este asistió a consulta el 1 de septiembre, su actitud era tranquila, tratando de minimizar sus propios síntomas. La profesional no encontró indicios suficientes para justificar un ingreso involuntario, ya que el acusado aceptó aumentar su medicación, dejando entrever sus esfuerzos por controlar su enfermedad.