LOGROÑO, 8 de mayo.

En un reciente intercambio en el Parlamento, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, se defendió ante las críticas de la portavoz de Podemos-IU, Henar Moreno, quien acusó al Gobierno de no cumplir con el acuerdo firmado con el CEIS-Rioja. Martín respondió contundentemente que la administración se rige por la ley y no puede actuar de manera arbitraria.

Durante la sesión, la consejera enfatizó que cumplir la ley es una "sana costumbre" en un Estado de derecho. Refutó la afirmación de Moreno, quien señalaba que las negociaciones con los empleados públicos no habían comenzado hasta su intervención de ayer. Martín argumentó que al menos dos años de mesas de diálogo han tenido lugar, buscando llegar a un acuerdo con los representantes del CEIS.

Por su parte, Henar Moreno no tardó en replicar, sugiriendo que el compromiso del Gobierno con la legalidad es selectivo y que han sido ellos quienes, en diversas ocasiones, han llevado sus demandas a los tribunales. Aseguró que la situación actual es inaceptable y que lo que los trabajadores realmente necesitan son condiciones laborales que correspondan a sus derechos.

Moreno criticó la falta de avances en las negociaciones, subrayando que no basta con llevar a cabo reuniones si no hay disposición real para llegar a acuerdos, apuntando que el Gobierno ha ido eludiendo compromisos importantes para los trabajadores desde hace tiempo.

En defensa de su postura, Martín argumentó que, de hecho, se han llevado a cabo múltiples reuniones, específicamente tres en 2023 y nueve en 2024, con varias orientadas a la negociación. Reiteró que los criterios jurídicos son prioritarios en la toma de decisiones administrativas y que su administración siempre actúa en cumplimiento de la ley.

La consejera también explicó que los motivos del incumplimiento se deben a aspectos técnicos legales, argumentando que el acuerdo original no cumplía con las delegaciones requeridas y que carecía de evaluaciones objetivas que justifiquen los incrementos salariales que se propusieron. Mencionó que los informes legales respaldan la postura de su administración y que, en última instancia, incluso dos tribunales han fallado que ciertos aspectos del acuerdo son ilegales.