En la reciente discusión sobre la decisión del colegio privado-concertado Alcaste-Las Fuentes de abandonar la segregación por sexo, el consejero de Educación, Alberto Galiana, ha subrayado que es fundamental respetar la autonomía de los centros educativos. Según él, esta decisión es parte de la libertad que tiene el centro para gestionar su propio modelo educativo.

Desde Izquierda Unida, por otro lado, han reaccionado con vehemencia a esta decisión, aduciendo que es resultado de la presión ejercida por la comunidad educativa y de la vigente Ley de Educación, que prohíbe la financiación pública a aquellos centros que mantienen modelos considerados discriminatorios. Críticas aluden que esta medida llega tarde y resalta las ventajas que el partido en el gobierno, el Partido Popular, ha otorgado a estos colegios privados a lo largo de los años.

Los representantes de IU enfatizan que varios gobiernos de La Rioja han estado apoyando y financiando con dinero de los contribuyentes a instituciones que no cumplen con las normativas legales, en vez de fortalecer el sistema educativo público. Señalan que, al invertir cada año más recursos en colegios privados como Alcaste-Las Fuentes, el PP fomenta prácticas elitistas que perpetúan la segregación en lugar de promover una educación inclusiva y equitativa.

Desde el partido también han argumentado que la reciente decisión no se traduce en un verdadero compromiso por parte de la escuela con la equidad, sino más bien en la necesidad de adaptarse a las obligaciones legales y seguir disfrutando de las subvenciones públicas. Asimismo, critican la existencia de prácticas que, en su opinión, revelan la problemática del sistema privado-concertado, como las cuotas voluntarias que discriminan a las familias y la selección del alumnado, que refuerza las desigualdades sociales.

Izquierda Unida sostiene que este caso pone de manifiesto que la educación no debe ser vista como un negocio, sino como el motor de la igualdad de oportunidades. La portavoz del partido, Henar Moreno, ha afirmado que continuarán su lucha por una educación pública, laica y de calidad que garantice derechos y oportunidades equitativas para todos, sin discriminación ni exclusión.

En respuesta a estas críticas, el consejero Galiana, en una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno junto al portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha indicado que el Gobierno tiene conocimiento de la decisión del centro, aunque de manera verbal y no oficial. Ha reafirmado que la gestión del centro se encuentra dentro de su autonomía, y que el Gobierno no puede sino mostrar respeto por las decisiones que tome.

Galiana ha dejado claro que las elecciones tomadas por el colegio y las recientes decisiones del Gobierno de La Rioja en materia de ayudas para el bachillerato están enmarcadas en la LOMLOE, la Ley que establece condiciones que el centro ha tenido en cuenta para su decisión. Aclaró que esto no es obra de presión del Gobierno regional, sino que responde a un marco normativo nacional.

Finalmente, el consejero ha resaltado el valor del buen trabajo educativo que realiza el centro Alcaste y ha reiterado la apuesta del Gobierno de La Rioja por la libertad educativa, con el objetivo de proporcionar un entorno donde se respete tanto la autonomía de los centros como la diversidad de modelos educativos en la región.