En la reciente Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida, celebrada en la ciudad de Logroño, se han delineado ambiciosos acuerdos que abarcan temas cruciales como la vivienda, la agricultura y la pobreza infantil. Este encuentro ha puesto de relieve la intención de la formación de utilizar su "fuerza institucional" para contrarrestar lo que ellos denominan una visión especulativa del mercado de la vivienda.

En el documento de conclusiones emitido por Izquierda Unida, se subraya que el acceso a la vivienda se ha convertido en un derecho básico que es cada vez más inaccesible para gran parte de la ciudadanía, con un impacto particularmente notable en la juventud. Este hecho ha llevado a la conclusión de que las dificultades para acceder a un hogar digno no son meramente un problema generacional, sino que afectan transversalmente a toda la sociedad.

Para esta formación política, la vivienda no debe ser considerada un simple bien de mercado. En su opinión, *es crucial erradicar la perspectiva economicista y especulativa que rodea al sector inmobiliario* y consideran que la solución definitiva a la crisis habitacional actual consiste en referir la vivienda a su naturaleza primaria de necesidad básica, garantizada para todos los ciudadanos.

Entre las propuestas de IU se destaca la necesidad de *intervenir en el mercado de la vivienda*, de fortalecer las herramientas que faciliten la emancipación juvenil y de aumentar la oferta pública de vivienda en régimen de alquiler. Con estas medidas, buscan que la vivienda sea un derecho accesible a todos, sin distinciones.

Izquierda Unida ha criticado a su socio de gobierno, al que acusan de dudar a la hora de avanzar en estas soluciones, y ha reafirmado su compromiso de utilizar toda su influencia institucional para impulsar esta agenda, que consideran esencial dentro de su acción política.

El documento también hace una autoevaluación sobre el año que acaba de concluir, señalando que 2022 será recordado por los estragos causados por el cambio climático en el país, ejemplificado en la devastadora DANA que afectó a diversas comunidades. Según Izquierda Unida, la incapacidad y negligencia de algunos políticos autonómicos han contribuido a agravar las consecuencias sufridas, en especial para los habitantes de Valencia.

Además, IU sostiene que el cambio climático y la explotación irrestricta de los recursos naturales, aunados a políticas de carácter neoliberal, conforman amenazas significativas para los trabajadores del sector agrícola. Esto se ve, además, exacerbado por el nuevo acuerdo de Mercosur, que, a su juicio, representa un *empuje al modelo de agroindustria depredadora*, con consecuencias aciagas para la seguridad alimentaria de millones de individuos en ambas zonas del Atlántico.

En otro aspecto, Izquierda Unida manifiesta su preocupación por la alarmante cifra de que el 33 por ciento de la infancia en el país se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Por ello, proponen un pacto de Estado contra la pobreza infantil como una herramienta fundamental para abordar las desigualdades en la raíz.

El pacto, argumentan, no debe ser una mera solución sectorial, sino un enfoque integral que incorpore medidas redistributivas, como la mejora de la Prestación Única por Crianza y un compromiso decidido en políticas públicas dirigidas a la infancia, aumentando los recursos destinados a este ámbito del 1,5 por ciento actual al 2,4 por ciento del PIB, lo que se alinea con las medias europeas.