En una sesión culminante del juicio, el jurado popular se prepara para deliberar sobre la culpabilidad de dos individuos acusados de un brutal crimen en el que perdió la vida un hostelero en Cuzcurrita. El trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Guillermo tuvo lugar el 2 de mayo de 2023, sacudiendo a la comunidad local.

Durante esta última sesión, que se extendió por más de diez horas, los acusados, A.D.G. de 54 años y C.S.R. de 39, reafirmaron su inocencia ante el tribunal. A.D.G. se limitó a expresar brevemente su conformidad con lo expuesto por su abogado, insistiendo en que nunca había ingresado al domicilio de la víctima, donde supuestamente esperó en el coche mientras su coacusado "pedía dinero para consumir".

C.S.R., por su parte, defendió su comportamiento al afirmar que no tenía intenciones maliciosas al acudir a Cuzcurrita, asegurando que en ningún momento previó que se desencadenaría un hecho tan trágico. Subrayó su relación amistosa con Guillermo, afirmando que solo buscaba pedir prestado dinero y aclarando que, a pesar de las percepciones de violencia que pudiera proyectar, su historial de peleas había sido siempre en defensa propia.

Antes de estas declaraciones, las defensas de ambos acusados habían presentado sus conclusiones, solicitando la absolución. El abogado de A.D.G. argumentó que su cliente estaba siendo utilizado como un "cabeza de turco", citando que la única evidencia en su contra era la declaración del otro acusado. Insistió en que no existían pruebas objetivas que justificaran una condena y que su cliente había mantenido coherentemente la misma versión de los hechos a lo largo de todo el proceso.

El defensor también destacó el riesgo que corría A.D.G., quien se enfrentaba a la posibilidad de pasar 27 años en prisión o incluso a una cadena perpetua revisable. Remarcó que el error de su cliente fue simplemente acompañar al otro acusado a Cuzcurrita. Además, no descartó la existencia de otras personas implicadas en el crimen, sugiriendo que el caso no estaba completamente cerrado e instó a una investigación más profunda debido a las amenazas que habían recibido testigos, incluida la hija de la víctima.

En su alegato, el abogado de A.D.G. indicó que existía un móvil personal detrás del crimen, sugiriendo que no había razones económicas, ya que incluso se encontraban dos cajas fuertes en el domicilio de Guillermo que no habían sido revisadas. A su juicio, la narrativa de C.S.R. no era creíble, considerando la amistad que había entre la víctima y su cliente, lo que hacía improbable que A.D.G. hubiese tenido motivos para llevar a cabo tal agresión.

El abogado también defendió la decisión de su cliente de apagar su teléfono móvil la noche de los hechos, argumentando que era inacertado suponer que un individuo implicado en un crimen iría de regreso a un vehículo con una actitud normal y sin evidencias de violencia en su persona.

La defensa también abordó el tema del testigo protegido, quien no ha podido confirmar su declaración ante el juez. Este testigo supuestamente no reveló la identidad del acompañante de C.S.R. en la noche del crimen. Además, se mencionó un encuentro que tuvo lugar meses después del suceso, donde la mujer de C.S.R. habría mencionado que su pareja había "matado a un viejo". Los defensores sugirieron que esta declaración podría interpretarse como un intento de proteger a su pareja y que no necesariamente implicaba culpabilidad.

En lo que respecta a la defensa de C.S.R., su abogada argumentó que su cliente ya había sido juzgado y condenado de antemano. Resaltó que, según la declaración de C.S.R., ambas partes habían acordado encontrarse para consumir drogas y, tras quedar sin dinero, decidieron visitar a Guillermo. Según su versión, fue A.D.G. quien se abalanzó sobre la víctima en el momento en que entraron a su hogar.

Con una mezcla de incredulidad e insistencia, la defensa cuestionó cómo era posible que cualquiera pudiera creer que A.D.G. se había mantenido en el coche durante todo el suceso, poniendo en tela de juicio la plausibilidad de que alguien, habiendo cometido un crimen, retornara al vehículo sin dejar rastro de sangre ni otras evidencias.

Asimismo, esta letrada resaltó la falta de pruebas biológicas que vincularan a sus clientes con el crimen. Destacó que no había rastros de sangre en el vehículo ni en los lugares donde se alegaba que se cometió el delito. Hizo un llamado al jurado popular para que considerara esta ausencia de evidencias objetivas y que no se basaran en "verdades a medias" para llegar a su veredicto.

Finalmente, tras la culminación de la jornada, se anunció que el jurado popular -formado por nueve personas y dos suplentes- comenzará su labor decisoria. Una vez que el Magistrado les entregue el cuestionario para el veredicto, asumiendo que sus deliberaciones determinen la culpabilidad o inocencia de los acusados. La Fiscalía ha solicitado 27 años de prisión para cada uno, mientras que la acusación particular demanda prisión permanente revisable.