Haro: la Plataforma por el Agua Pública denuncia restricciones de acceso al pleno sobre la privatización

La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro denuncia que vecinos no pudieron acceder al pleno municipal en el que se votó la privatización del servicio de abastecimiento. Según el colectivo, el equipo de gobierno restringió la entrada al salón de plenos y sus propios afines ocuparon los asientos con antelación.

El episodio se produce en un contexto de tensión creciente. El grupo convocó una concentración de urgencia tras la sesión extraordinaria, convocada de forma repentina, para aprobar el cambio de modelo de gestión del agua. La protesta buscaba visibilizar la falta de información pública sobre el proceso.

Según la versión de la Plataforma, el salón se cerró más de una hora antes de la hora habitual de apertura al público, que suele ser quince minutos antes del pleno. Algunos asistentes habrían accedido por una puerta trasera antes de la llegada de los manifestantes. Estas afirmaciones proceden de la propia organización y de testigos citados por ella, sin que el consistorio haya difundido aún una versión oficial detallada.

El colectivo sostiene además que la corporación municipal ha rechazado reiteradamente sus solicitudes de reunión y de informes técnicos. Según recoge, la oposición política y los sindicatos han planteado quejas similares en varias ocasiones, lo que sitúa el debate en el terreno de la transparencia institucional.

La cuestión de fondo es la decisión de agrupar todas las prestaciones del servicio en un único contrato, sin división en lotes. La Plataforma reclama que se acredite la insuficiencia de medios propios, qué alternativas se consideraron y por qué la solución adoptada responde al interés general. Son exigencias habituales en los procesos de externalización de servicios públicos, que la normativa de contratación y la Ley de Transparencia obligan a motivar.

El caso ilustra un debate más amplio sobre la gestión del agua en los municipios riojanos: el equilibrio entre eficiencia económica, control público y participación ciudadana. Queda por ver si el consistorio ofrecerá la documentación solicitada y si la controversia derivará en recursos administrativos o judiciales. La evolución del expediente será determinante para valorar el alcance real de la polémica.