Conde-Pumpido reclama acelerar la regulación del derecho a la vivienda desde Logroño

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, reclamó este martes en Logroño acelerar la regulación de los derechos relativos a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. Lo hizo minutos antes de inaugurar las XXXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, celebradas en el Centro de la Cultura del Rioja los días 29 y 30 de octubre, con más de 100 asistentes entre letrados, magistrados y juristas.

Según el magistrado, aunque se han dado avances, la sociedad necesita que el proceso sea más rápido. Su mensaje se apoya en una realidad concreta: familias que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca y jóvenes que no logran emanciparse. Para Conde-Pumpido, la vivienda es el asunto en el que más hay que profundizar en este momento.

El contexto tiene una lectura institucional. En el último año el Tribunal ha estudiado varios recursos relacionados con esta materia, y el propio presidente vincula la confianza ciudadana en la institución a que sus expectativas sociales queden protegidas. De no ser así, advierte, el tribunal perdería legitimidad. Se trata de un argumento que sitúa al órgano de garantías constitucionales en el centro del debate político sobre la vivienda.

Las implicaciones son complejas. La regulación de la vivienda cruza varios derechos y competencias: la propiedad, que debe respetarse, la libertad, la autonomía local y el reparto de competencias entre administraciones. Conde-Pumpido reconoce que el debate no es sencillo y que a menudo se simplifica en exceso. Aun así, insiste en que lo esencial es decidir y resolver, sin perderse en la discusión.

Las jornadas abordarán también el medio ambiente, la protección de los menores y los derechos de la mujer, bajo el título general de los principios rectores de la política económica y social. El debate se enmarca en la tesis de que los principios de la Constitución deben entenderse como mandatos jurídicos exigibles y no como meras declaraciones programáticas, un punto que podría tener recorrido en futuras resoluciones del tribunal.