LOGROÑO, 14 de marzo.

Una gran cantidad de personas se reunió hoy frente a la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja en Logroño para expresar su dolor y consternación por el asesinato de Belén, una trabajadora social que perdió la vida esta semana, supuestamente a manos de tres menores de un centro tutelado en Badajoz.

La convocatorio fue organizada por sindicatos como CCOO, UGT y USO, así como los Colegios Profesionales de Educadores Sociales y de Trabajadores Sociales de La Rioja.

La manifestación no solo buscó rendir homenaje a Belén, sino que también exigió a las autoridades que se destinen más recursos, especialmente humanos y de seguridad, así como nuevos protocolos que prevengan agresiones y mejoren las condiciones laborales en un sector que ha sido descrito como "el gran olvidado".

Los asistentes, que llevaban una pancarta con la imagen de Belén y lazos negros en su memoria, mostraron carteles que incluían mensajes como "Protocolos antes situaciones de violencia", "Administración asesina", "Dos profesionales por turno ¡ya!" y "Belén somos todos/as", mientras coreaban gritos de protesta como "¡Ni una más!".

Miembros de los sindicatos y colegios profesionales dieron lectura a un manifiesto que comenzó con una profunda condena del crimen de Belén, afirmando que este suceso pone de relieve las "deficiencias en el sistema de protección juvenil".

Igualmente, enfatizaron que las políticas de licitación priorizan el ahorro económico sobre la seguridad tanto de los trabajadores como de los menores, y señalaron las precarias condiciones laborales que enfrenta el personal en estos centros.

Criticaron que, a pesar de que estos centros están financiados con fondos públicos, su gestión está en manos de empresas privadas que no aseguran condiciones dignas ni seguras. Afirmaron que Belén fue víctima de una agresión violenta mientras se encontraba sola durante su turno de noche, una situación que se anunció en los contratos de licitación.

Los manifestantes argumentaron que las licitaciones no reflejan la realidad del sector, lo que resulta alarmante al dejar desprotegidos tanto a los menores como a los profesionales encargados de su cuidado.

Subrayaron que este tipo de tragedias no son accidentes, sino el resultado de una mala planificación en las licitaciones, donde el aspecto económico parece tener más peso que el aseguramiento de plantillas adecuadas, bien remuneradas y suficientemente formadas para enfrentar su trabajo de una manera segura y eficiente.

En el manifiesto, se destacó la necesidad urgente de implementar medidas preventivas, como contar con al menos dos profesionales en cada turno, establecer sistemas de alarma y comunicación directa con las fuerzas de seguridad, y desarrollar protocolos específicos de actuación ante situaciones de violencia.

Además, pidieron una evaluación más rigurosa de los perfiles de riesgo de los menores, la reversión de la externalización de servicios sociales y un control más exigente sobre las ratios de personal.

Los asistentes recordaron que ya se llevan a cabo denuncias sobre incidentes graves en centros de protección y reforma de menores, sin que la Administración haya tomado medidas efectivas.

Por todo esto, exigieron a la Administración y a las empresas privadas responsables que hagan una introspección y actúen de manera responsable para prevenir futuros incidentes trágicos como el de Belén.

Como una de las manifestantes, la secretaria del Colegio de Educadores Sociales de La Rioja, Noelia Fernández, indicó que, aunque la situación es lamentable, espera que la muerte de Belén sirva para que los políticos tomen conciencia de la necesidad de cambiar las condiciones en las que trabajan los educadores sociales.

Añadió que la reivindicación de una mayor presencia de la Educación Social es urgente, destacando que la situación de Belén ha sido el punto de inflexión que ya no puede ser ignorado.

Fernández también hizo hincapié en la importancia de reevaluar los protocolos existentes, sugiriendo que si hubieran estado implementados de manera efectiva, quizás se podría haber evitado la tragedia de Belén.

También pidió mejores condiciones para el personal y más formación para enfrentarse a situaciones de conflicto, subrayando que muchos jóvenes son víctimas de sus circunstancias y es fundamental ayudarlos, en lugar de criminalizarlos.

Recordó que cada comunidad autónoma tiene sus propias leyes de servicios sociales y resaltó que, en La Rioja, las ratios de profesionales establecidas en la ley no se están cumpliendo a pesar de que es una de las demandas que llevan tiempo planteando.

Por su parte, Carla Vicente, educadora social en la Fundación Diagrama, compartió su experiencia personal al haber vivido situaciones violentas en su trabajo. Describió como "complicada" la situación actual para los profesionales del sector.

Vicente enfatizó que las largas jornadas laborales y los turnos a menudo solitarios son problemáticas, subrayando la necesidad de contar con un mínimo de dos trabajadores por turno para garantizar la seguridad.

También comentó sobre la inadecuada mezcla de perfiles que se envían a los centros, lo que representa un desafío en la labor de proteger a los menores.

Finalmente, concluyó que es imperativo revisar el sistema de convenios y los métodos de selección de perfiles de menores para asegurar tanto la protección de los jóvenes como la de los trabajadores que se dedican a esta complicada tarea.