En un reciente evento en Logroño, Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, lanzó un contundente reproche al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo que respete la inteligencia de los ciudadanos españoles y que no los trate como si fueran ingenuos. Gamarra afirmó que las afirmaciones realizadas por el mandatario no reflejan la realidad, ya que lo que se demostró en una reciente intervención no es la inexistencia de ciertos mensajes, sino más bien que estos han sido borrados, un aspecto que, según ella, es significativamente distinto.

La postura de Gamarra surge como respuesta a la solicitud de Sánchez de que aquellos que habían cuestionado la conducta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ofrecieran disculpas tras la supuesta falta de pruebas sobre una filtración relacionada con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La secretaria general del PP calificó la demanda del presidente como “el colmo del descaro”, dejando claro su descontento ante la situación.

Gamarra subrayó que el trivializar la cuestión de los mensajes borrados no debería llevar a desestimar las imputaciones que todavía pesan. A su juicio, es esencial que Sánchez muestre respeto hacia los ciudadanos y reconozca que la omisión de mensajes verifica la necesidad de mantener las acusaciones en pie, en lugar de pedir que se archiven.

Las declaraciones de la dirigente del PP se produjeron tras ser galardonada con la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Logroño, un reconocimiento a su labor como alcaldesa en el periodo de 2011 a 2019, acompañado de otros exalcaldes de la ciudad.

Después de la ceremonia, Gamarra aprovechó para reiterar que el panorama político actual, bajo el liderazgo de Sánchez, se caracteriza por un claro deterioro de la calidad democrática en España. La manipulación de las instituciones, en su opinión, no hace más que comprometer las bases de la democracia, utilizando herramientas del Estado para atacar a adversarios políticos.

En otro contexto, Gamarra se refirió a la reciente firma llevada a cabo por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, junto a los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La secretaria general del PP argumentó que esta medida carece de apoyo por parte de los empresarios, autónomos y, en algunos casos, incluso de otros miembros del propio gobierno.

“Nuestra postura es clara en asuntos de esta índole. Podemos estar de acuerdo, pero siempre dentro del marco del diálogo social, respetando el proceso de negociación colectiva”, recalcó Gamarra. Para la implementación de tales medidas, enfatizó la necesidad de involucrar a empresarios y sindicatos, asegurando así que se garantice la productividad y el futuro económico del país.