La Fiscalía ha solicitado la detención de uno de los 9 acusados, que iban a ser juzgados está mañana en la Audiencia Provincial de La Rioja, por regentar empresas ficticias y estafar a ciudadanos extranjeros. Esta persona no se ha presentado al juicio, aduciendo su abogado que se encontraba en Alemania, por lo que el Ministerio Fiscal ha reclamado su detención y puesta a disposición del Tribunal, según ha informado el TSJR.

Precisamente, la vista "ha sido suspendido porque las partes no han llegado a un acuerdo", ante lo que se volverá a señalar otra fecha para celebrar el juicio.

El Fiscal pide una pena de 6 años y 6 meses de prisión para cada uno de los 9 acusados, 7 hombres y 2 mujeres, de diferentes delitos de falsedad, estafa y pertenencia a grupo criminal al regentar empresas ficticias que se dedicaban, entre otros, a dar cobertura falsa y ofrecer "contratos de trabajo, certificados y nóminas a ciudadanos extranjeros que carecían de ello para justificar la percepción de diferentes prestaciones, a cambio de dinero".

Según el escrito de éste, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a los años 2011-2012 cuando se generaron alrededor de doce empresas ficticias "que siempre carecieron de actividad legal y que fueron constituidas con la unida finalidad de dar cobertura a contratos de trabajo, certificados de empresa y nominas para ciudadadanos extranjeros y que pagan dinero por ello". Todo ello supuso una deuda generada de más de 1 millón de euros a la Seguridad Social.

Estos documentos "eran ilícitamente utilizados para justificar condiciones exigidas para la administración para la percepción de prestaciones por desempleo, permisos de residencia... los trabajadores nunca llegaron a estar realmente empleados, no realizaron trabajo alguno dentro de la empresa ni cobraron ninguna retribución de la empresa", asegura el escrito de la Fiscalía.

Además, estas empresas ficticias "no llegaron a abonar ninguna cuota a la seguridad social ni a la hacienda pública".

Así las cosas, el escrito del Fiscal relata cómo muchos de los trabajadores extranjeros que habían acudido a ellas a buscar trabajo reconocieron que les dieron dinero "a cambio de facilitarles contratos, entregar documentación, certificados, trabajos, nóminas e incluso algunas de ellas gestionaban, presuntamente, altas y bajas en la seguridad social de los falsos trabajadores".