El exalcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, se enfrenta a más de 14 años de inhabilitación por su implicación en las conocidas como "casillas" ilegales de la localidad riojabajeña. El Fiscal ha presentado un escrito en el que solicita 13 años de inhabilitación por el delito continuado de prevaricación administrativa y un año y cuatro meses por el delito continuado de omisión intencionada en la persecución de hechos delictivos. El juicio se llevará a cabo el 12 de diciembre en la Audiencia Provincial de La Rioja.

Según la calificación del Fiscal, Abad tenía la obligación de ejercer las potestades en materia urbanística establecidas en la normativa vigente, como la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja y el Plan General Municipal de Arnedo.

El escrito del Fiscal señala que Abad no ha cumplido con su deber de paralizar las obras ilegales ni de sancionar a los infractores. Además, se indica que el exalcalde ha tolerado y permitido la realización de construcciones ilegales en el municipio de Arnedo, consolidando así una actitud contraria a la legalidad y basada en el favorecimiento de particulares.

En la causa consta la existencia de más de 1.500 construcciones ilegales en Arnedo, especialmente en zonas protegidas, de las cuales solo una pequeña parte ha sido sancionada. El Fiscal destaca que esta situación genera un sentimiento de impunidad en la población y fomenta la falta de respeto a la legalidad.

Abad, según el escrito del Fiscal, no ha tomado acciones efectivas para impedir la ejecución y permanencia de las obras ilegales. En contadas ocasiones ha tramitado expedientes sancionadores que solo han tenido consecuencias económicas para los infractores.

El exalcalde también ha firmado resoluciones que solo tienen un efecto formal y no ha ejecutado el precinto ni la demolición de las obras ilegales, permitiendo así la consolidación de las infracciones cometidas. Además, se le acusa de haber dejado prescribir numerosas infracciones, beneficiando económicamente a los infractores y perjudicando al Ayuntamiento.

El escrito del Fiscal destaca que Abad ha establecido un mecanismo en el que archiva los expedientes de legalidad urbanística sin ejecutar la demolición y luego informa al instructor de los expedientes sancionadores, sin que estos se inicien. Esta actuación ha permitido que las infracciones prescriban y beneficie a los infractores.