LOGROÑO, 29 de octubre.

El juicio por el crimen sucedido en Los Lirios ha tomado un giro inesperado, ya que el imputado, un hombre de 62 años, rechaza haber estado en Logroño la noche del presunto asesinato de su esposa el 13 de octubre de 2020. Según su declaración, se encontraba en Gumiel de Mercado, Burgos, ayudando a su hijo con la vendimia y asegura que no se trasladó a la capital riojana esa noche.

Durante la audiencia de este miércoles, la sesión comenzó con los testimonios de un agente de la Policía Nacional y del propio acusado. La Fiscalía ha formulado acusaciones por asesinato con alevosía y solicita una pena de 22 años de prisión.

El acusado, al dirigirse al Tribunal Popular, dejó claro que su esposa nunca le expresó ningún deseo de separarse y subrayó que siempre estuvo presente en su hogar, negando que hubiera pasado noches fuera de casa.

Jaime, un nombre ficticio que los medios podrían usar, ha compartido que su matrimonio, que duró desde 1988, era en sus palabras "normal y bueno". A pesar de que la relación con la familia de la víctima no era particularmente cercana, aseguró que nunca hubo problemas significativos y que siempre se trataron de manera cordial.

El imputado también mencionó que tenía planes de acompañar a su mujer a un Tribunal Médico al día siguiente, el 14 de octubre, para discutir su posible retorno al trabajo tras un largo período de baja médica. Aseguró que su esposa estaba entusiasmada por esta posibilidad, aunque no pudo explicar por qué ella había solicitado que otra amiga la acompañara ese día.

Rememorando los eventos de las fechas previas a la tragedia, destacó que el 12 de octubre pasó el día completo ayudando a su hijo en las labores de vendimia. Según su relato, esa noche realizó una llamada a su esposa alrededor de las 21:11, informándole que habían concluido con su actividad y que planeaba viajar a Logroño al día siguiente.

El acusado insistió en que no había apagado su teléfono, aunque admitió que la cobertura en Gumiel era bastante deficiente. Se fue a la cama y se despertó sobre las 7:30 de la mañana del 13 de octubre, posterior a lo cual visitó una bodega, reiterando que el horario citado por los testigos no coincide con su relato.

Después de realizar diversas visitas a bodegas, el acusado aseguró que salió de Gumiel hacia Logroño alrededor de las 15:00 horas, un trayecto que normalmente tarda cerca de dos horas. Cuando llegó, encontró la puerta de su hogar cerrada con el pestillo, algo que consideró atípico en su esposa.

Al describir el momento en que entró en su casa y descubrió a su mujer en el suelo, se mostró muy afectado. Aunque admitió haberla tocado, negó haber hecho nada más que llamarla. Reconoció que, en medio de la angustia, marcó el número de un amigo en lugar del 112, pero luego logró comunicarse con los servicios de emergencia y les abrió la puerta.

El acusado recordó que, en esos momentos difíciles, pensó que su esposa pudo haber tomado la decisión de acabar con su vida. Posteriormente, tras ser aconsejado por una psicóloga, se apartó de la vivienda, mostrando un estado de gran estrés que le impidió recordar muchos detalles de esa tarde crucial.

A pesar de los acontecimientos, subrayó que cuando regresó a la comisaría días después, no fue para inculpar a otras personas, sino simplemente para aclarar un aspecto sobre un juego de llaves, asegurando que su intención era solo informar a las autoridades.

En cuanto a su cambio de teléfono móvil en los días previos y posteriores a la tragedia, argumentó que fue una cuestión administrativamujer. Reconoció haber entregado su dispositivo voluntariamente cuando fue arrestado un año después de los hechos.

Finalmente, el acusador hizo mención a que su esposa abrió la puerta a una persona que conocía esa noche, dado que tenía la mirilla abierta, lo cual consideró inusual para ella.

La Fiscalía,y la Acusación Particular, persiguen una condena de 22 años de prisión, señalando además el agravante de parentesco y la categoría de violencia de género. Finalmente, se solicita una indemnización de 50.000 euros para el hijo de la pareja y 10.000 euros para cada uno de los ocho hermanos de la víctima.