El debate sobre las tasas de residuos en La Rioja ha generado un intenso cruce de opiniones, centrando la atención en la propuesta del Partido Popular, que busca la eliminación de lo que su portavoz, Sergio Álvarez, ha denominado "tasazo". Esta situación refleja la oposición de ciertos sectores de la política riojana a lo que consideran una carga excesiva para los ciudadanos en función de una normativa que, aunque tiene raíces europeas, ellos consideran se ha vuelto un verdadero obstáculo para la viabilidad económica de los municipios.

En la sesión del Parlamento de La Rioja, el Partido Popular aprobó una proposición no de ley destinada a instar al Gobierno central a eliminar esta polémica tasa sobre los residuos que deben aplicar los municipios. Según Álvarez, esta tasa se enmarca dentro de un marco más amplioológico que establece metas de reciclado y gestión de desechos sostenibles a partir de abril de 2025, bajo la directiva de la Unión Europea.

“Estos objetivos son dignos de alabanza”, declaró Álvarez, “sin embargo, la decisión de incrementar las tasas es un asunto que debería ser dejado en manos de los Estados miembros. Este enfoque resulta ser la salida más sencilla para la Administración, pero cruza la línea al imponer más presión sobre los ciudadanos sin evaluar correctamente el impacto de tal medida”.

El portavoz del Partido Popular manifestó, de forma contundente, que “la responsabilidad sobre el mencionado tasazo recae en los ayuntamientos, lo que genera un escenario donde unos municipios son los que reciben ayuda y otros son quienes absorben el coste”. Esta acusación refleja la percepción de inequidad que existe entre diferentes localidades en relación a las políticas de tasas.

Por su parte, desde Izquierda Unida, el diputado Carlos Ollero sugirió que ya ha pasado tiempo suficiente para adaptarse a la legislación que busca mitigar el impacto ambiental y establecer un marco de pago por generación de residuos. Ollero instó a centrar el debate no en la derogación de la tasa, sino en los métodos para implementar de manera efectiva esos objetivos de gestión de residuos.

Desde su perspectiva, la tasa de residuos no solo es esencial para financiar a los ayuntamientos, sino que debe estar asociada a buenos hábitos y prácticas sostenibles. Según él, es primordial que se incorporen criterios que tengan en cuenta el impacto social de estas políticas fiscales.

Ángel Alda, portavoz de Vox, opinó que la iniciativa del Partido Popular mostraba una falta de coherencia, afirmando que contradecía las posturas previas que este partido había sostenido en relación a la gestión de residuos. “Vox apoya el reciclaje, pero rechazamos vehementemente la imposición de tasas que surgen del extremismo climático. No podemos aceptar este dogma mientras los verdaderos contaminadores sigan fuera de España”, subrayó Alda, quien también recordó la oposición de su partido a la Ley de Economía Circular.

Desde las filas del PSOE, Ricardo Velasco mostró su confusión respecto a la verdadera finalidad de la proposición del Partido Popular. Argumentó que no corresponde a las comunidades autónomas cuestionar los dictámenes de Congreso y Senado y recordó que la tasa ya estaba en vigor. Velasco instó a los opositores a dejar de "engañar" a los ciudadanos de La Rioja, recordando que los costes asociados a la recogida de residuos siempre han estado presentes, ya sea a través de tasas o impuestos como el IBI. Además, advirtió que, si no se cumplía con la directiva europea, las sanciones eran inevitables.

“La esencia de esta tasa radica en que quien contamina, paga, y por tanto no puede ser derogada”, añadió, apuntando que el último gran incremento de impuestos a los ayuntamientos se produjo bajo el mandato del 'popular' Mariano Rajoy.

En conclusión, la proposición del Partido Popular plantea la posibilidad de que el Gobierno central revoque la obligatoriedad de aplicar esta tasa en todos los municipios y en función de su coste completo, según lo estipulado en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular.

Además, se sugiere la necesidad de respetar la autonomía municipal, permitiendo a los ayuntamientos la libertad para establecer sus tributos, algo que en la actualidad ayuda a amortiguar la carga fiscal para la ciudadanía. La propuesta incluye la realización de un estudio detallado sobre la repercusión de estas tasas, así como la implementación de un Plan Nacional de Infraestructura para la Economía Circular, con un énfasis especial en las campañas de concienciación ciudadana sobre la separación de residuos y reciclaje, en concordancia con los objetivos comunitarios.