TORRECILLA EN CAMEROS (LA RIOJA), 13 de mayo.

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha informado que la administración regional ha solicitado la aprobación del Consejo de Ministros para formalizar un préstamo a corto plazo ante el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por un total de hasta 100 millones de euros. Esta decisión ha sido motivada por la necesidad de la comunidad, que se siente "obligada" a asumir esta medida debido a la falta de actualización de las entregas a cuenta por parte del Gobierno central.

Domínguez ofreció esta información durante una rueda de prensa posterior a un Consejo de Gobierno extraordinario, que se llevó a cabo en la localidad de Torrecilla en Cameros.

En su intervención, subrayó que las comunidades autónomas han "alzado la voz" en los últimos tiempos, insistiendo en la problemática derivada de la ausencia de presupuestos generales del Estado, lo cual ha llevado a una "infrafinanciación" generalizada entre todas ellas.

El portavoz enfatizó que la dificultad no radica únicamente en la falta de presupuestos para 2025, sino que el verdadero problema es que no se aprobaron los presupuestos para 2024. Esto ha resultado en una situación donde se están prorrogando los presupuestos de 2023, generando una gravosa carga financiera.

Domínguez también mencionó que este estancamiento en la financiación significa que las comunidades autónomas están recibiendo la misma cantidad de fondos que en 2023, ignorando el paso del tiempo y las necesidades actuales.

En particular, en el caso de La Rioja, el portavoz reveló que la falta de entregas a cuenta ha significado una pérdida de 253 millones de euros, de los cuales 197 millones son resultado directo de esta cuestión. Según sus datos, esto implica que la región cuenta con 17 millones de euros menos al mes para sostener los servicios públicos esenciales.

Frente a esta crítica situación, y con el fin de "asegurar" la continuidad de los servicios públicos, Domínguez justificó la necesidad de recurrir a un endeudamiento de 100 millones de euros, una cifra que a su juicio es inferior al monto que haría falta recibir para recuperar los 253 millones perdidos. Aseguró que el problema podría resolverse rápidamente mediante un Real Decreto del Gobierno central que contemple la actualización de las entregas a cuenta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).