LOGROÑO, 9 de agosto.

El Defensor del Pueblo ha emitido una recomendación al Gobierno de La Rioja para que se garantice el derecho a la información medioambiental, según ha informado la asociación Amigos de la Tierra en la región. Esta organización ha señalado que desde hace años se está cobrando por acceder a datos de carácter ambiental, lo que consideran una violación de las normativas europeas y nacionales.

Desde Amigos de la Tierra han expresado su rechazo ante este cobro, argumentando que "la tasa por acceder a la información en nuestra comunidad no solo incumple las leyes, sino que consideramos que su eliminación es urgente. Hacemos un llamado a las autoridades de La Rioja para que cumplan con el Convenio de Aarhus y anulen las leyes que establecen estas tasas". Con la recomendación del Defensor del Pueblo, queda claro que la intención de esta medida es limitar el acceso a la información ambiental tanto para las ONGs como para los ciudadanos.

En su recomendación, el Defensor del Pueblo ha instado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente a que comiencen los trámites para modificar la Ley 6/2002, de 18 de octubre, que regula las tasas y precios públicos en la comunidad, para alinearse con lo establecido en la Ley 27/2006, que define los derechos al acceso a la información ambiental y a la participación pública.

La Ley 27/2006, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 19 de julio de 2006, establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información ambiental y que esta debe ser puesta a disposición sin restricciones, así como estar informado sobre los costos asociados al acceso de dicha información.

Dicha legislación implementa las directrices comunitarias europeas reflejadas en el Convenio de Aarhus, el cual busca asegurar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de un entorno saludable y que exista un compromiso colectivo por su preservación.

El actual Gobierno de La Rioja ha fijado en 108,49 euros el costo de esta tasa, aunque exime a las ONGs que no soliciten más de seis veces al año. Sin embargo, si una organización supera ese límite, debe pagar la tasa correspondiente, según ha señalado un portavoz.

El resto de los ciudadanos y entidades que requieran información están obligados a pagar a partir de la primera solicitud, lo que, según los críticos, restringe la capacidad de la ciudadanía y de las organizaciones civiles de acceder a la información ambiental. Comparado con otras comunidades autónomas, La Rioja presenta la tasa más elevada del país, ya que en otras regiones estas solicitudes son gratuitas para las ONGs.

La expectativa es que el Gobierno de La Rioja actúe conforme a lo establecido en la Ley 27/2006, de manera que se puedan llevar a cabo sus funciones de forma más efectiva.