En un desarrollo reciente en la Audiencia Provincial, la Fiscalía y los abogados de la defensa han alcanzado un acuerdo en un caso que involucra a dos individuos acusados de detención ilegal y amenazas. Esta resolución se ha dado en el contexto de la aplicación de la atenuante de reparación del daño, lo que ha permitido a los acusados aceptar una sentencia más benigna.

Durante una audiencia llevada a cabo hoy, ambos acusados, que han permanecido en prisión desde el 7 de julio de 2024, se declararon culpables y aceptaron condenas que suman 2 años y 6 meses de cárcel por un delito de secuestro, así como 2 meses y 10 días adicionales por amenazas. Estas penas podrían ser conmutadas por trabajos comunitarios, en un intento de subsanar el daño causado.

Inicialmente, el fiscal había solicitado una pena mucho más severa: hasta 8 años por secuestro y 1 año y medio por el delito de amenazas. Sin embargo, la posibilidad de un acuerdo ha llevado a una revisión de la gravedad de las penas, marcada por la aceptación de los acusados de su responsabilidad y la compensación económica a las víctimas, que asciende a 9.000 euros en concepto de indemnización.

Los hechos, que se produjeron el 6 de julio de 2024, fueron particularmente graves. Los acusados invitaron a dos menores, de 15 y 16 años, a subirse a su vehículo con la promesa de llevarlos a unas fiestas en Lardero. Sin embargo, una vez en el auto, se desvió su ruta y comenzaron a amenazarlos con exigencias económicas exorbitantes.

La situación se tornó alarmante cuando uno de los menores fue obligado a regresar a su hogar para conseguir la suma de 30.000 euros, mientras el otro permanecía retenido en el vehículo. Al enterarse de la situación, la madre del menor implicado contactó a las autoridades, lo que llevó a que la policía localizara rápidamente a los acusados y liberara al menor secuestrado.

Finalmente, ambos individuos han recibido no solo penas de prisión, sino que también se les ha impuesto una orden de restricción que les prohíbe comunicarse con las víctimas o acercarse a ellas a menos de 200 metros, durante un periodo de 2 años para el menor que buscó ayuda y de 10 años para el que permaneció en el coche. Este caso ha subrayado la gravedad de las amenazas y las detenciones ilegales en nuestra sociedad, y la necesidad de protección para los más vulnerables.