El Fiscal ha solicitado más de 50 años de cárcel para los ocho acusados de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal. Estos individuos fueron sorprendidos vendiendo o comprando droga, principalmente cocaína y heroína, en diversos domicilios de Logroño y Varea. Las penas de cárcel oscilan entre 18 meses y 6 años, dependiendo del grado de implicación de los acusados.

El juicio por estos hechos se llevará a cabo el 16 de octubre en la Audiencia Provincial.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados se dedicaban a la venta y suministro de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y heroína, con el objetivo de obtener beneficio económico ilícito. Todos actuaban de común acuerdo y formaban parte de un grupo criminal. Sin embargo, se ha declarado en rebeldía a otra persona, por lo que no se presenta acusación contra ella.

Las investigaciones policiales revelaron la existencia de una vivienda en la calle Eliseo Pinedo de Logroño donde acudían personas para adquirir drogas, entre ellas algunos de los acusados. Estos individuos se comunicaban con el portero automático o golpeaban las ventanas de la vivienda y permanecían en ella por breves minutos.

Tras llevar a cabo varios dispositivos de vigilancia policial, se constató que uno de los acusados utilizaba la vivienda para sus actividades ilícitas. También se observaron 11 visitas a la vivienda durante varios meses de 2018 y se comprobó que, a finales de mayo de 2019, este acusado cambió de domicilio a la calle Pío XII de Logroño.

A partir de ese momento, el acusado utilizaba su teléfono móvil para coordinar las entregas de droga en lugares distintos. Por lo tanto, el Juzgado autorizó la intervención, observación, grabación y escucha de los teléfonos de los principales acusados. Durante estas intervenciones, los agentes constataron el uso de un lenguaje acordado para referirse a las sustancias estupefacientes. Se registraron más de 20 llamadas telefónicas.

De las intervenciones y seguimientos realizados, también se demostró que el principal acusado coordinaba la adquisición de drogas con otros acusados mediante un lenguaje convenido previamente. Entre los acusados se encuentran una madre y un hijo, quienes ya han sido condenados por delitos de tráfico de drogas y tomaban medidas para evitar la intervención policial. Utilizaban dos domicilios, en Varea y en Logroño, y también empleaban diferentes términos de lenguaje acordados previamente.

Además, para guardar las sustancias, utilizaban a otra persona acusada. Los agentes llevaron a cabo vigilancias policiales en todos los domicilios y teléfonos móviles mencionados. Por ejemplo, el 30 de abril de 2018, tras recibir quejas sobre la existencia de un punto de venta de drogas, los agentes de la Policía Local observaron cómo una persona entró en un domicilio y salió tres minutos después. Esta persona fue interceptada con heroína y cocaína y admitió su compra.

El escrito del Fiscal relata muchos incidentes similares y también intervenciones telefónicas en las que participan todos los acusados. Finalmente, se autorizó la entrada y registro de los diferentes domicilios.

De acuerdo con el Fiscal, estos hechos constituyen un delito contra la salud pública y otro delito de pertenencia a grupo criminal. En dos de los acusados, además, concurre la circunstancia agravante de reincidencia. Como resultado, el Fiscal solicita penas de entre 18 meses y 6 años de cárcel, así como multas económicas que oscilan entre 2.000 y 4.000 euros, dependiendo del grado de implicación en los hechos.