El reciente caso del bodeguero de Cuzcurrita, Guillermo Castillo, ha captado la atención de la comunidad y ha sido objeto de un análisis exhaustivo por parte de las autoridades. Este ataque, calificado como "sorpresivo" por los agentes, fue llevado a cabo por más de una persona, lo que dejó a la víctima en una situación desesperante donde no pudo defenderse ni solicitar ayuda.

El 2 de mayo de 2023, Guillermo Castillo fue encontrado sin vida en su domicilio, y en la reciente audiencia, miembros de la Policía Científica declararon ante el tribunal que el bodeguero aún estaba "vivo" cuando fue "arrastrado" y "colocado" en el baño, el lugar donde los agentes finalmente localizaron su cuerpo. Según las investigaciones, al llegar al lugar del crimen, se percataron de inmediato que se trataba de un delito violento, destacando que el cuerpo había sido movido de manera evidente hasta el baño.

Los investigadores señalaron que la complejidad del caso les lleva a concluir que es "muy difícil, por no decir imposible", que una sola persona pudiera haber colocado a Guillermo en esa posición, en un baño tan reducido. En este contexto, los agentes manifestaron que ellos mismos necesitaron el esfuerzo conjunto de dos personas para sacar el cuerpo de allí, lo que resalta la improbabilidad de la acción en solitario.

Asimismo, los agentes contrastaron la situación del lugar del suceso, observando la minuciosidad del registro que se había realizado en el domicilio. Consta que el inmueble, de tres plantas, había sido rebuscado en un corto período de tiempo, insinuando que "una sola persona" no podría haber realizado tal tarea, que comprendía la apertura de cajones en busca de joyas y dinero. El tiempo estimado que los acusados permanecieron en el interior oscila alrededor de unos 45 minutos.

El juicio contra los dos presuntos responsables de este atroz crimen continúa. Se les imputa un delito de asesinato y otro de robo con violencia, tras ser acusados de dar muerte al hostelero de 78 años en su propio hogar. En caso de ser hallados culpables, la Fiscalía está solicitando una severa condena de 27 años de prisión para cada uno, desglosando 23 años por el asesinato con alevosía y 4 años adicionales por el robo en vivienda habitada, teniendo en cuenta la reincidencia de uno de los acusados, A.D.G., para quien se piden 4 años y 9 meses.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía ha solicitado medidas de libertad vigilada por un periodo de diez años para ambos acusados y una indemnización de 300.000 euros que debería ser pagada a los dos hijos de la víctima, reflejando la seriedad con la que se está tratando este caso y el deseo de justicia por parte de la familia afectada.