LOGROÑO, 16 de diciembre.

En nuestra comunidad autónoma, la alarmante tendencia de incremento en el número de mujeres víctimas de violencia de género se ha vuelto una preocupante realidad. Durante el tercer trimestre del año, se han registrado un total de 294 denuncias, en contraste con las 250 que se contabilizaron en el mismo periodo del año 2023. Este aumento del 17,6 por ciento refleja una situación que no puede ser ignorada.

A nivel nacional, los datos presentan una imagen algo distinta. Según el Informe trimestral del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, las denuncias por violencia machista en el conjunto de España han experimentado una ligera disminución del 0,62 por ciento. Sin embargo, es crucial señalar que La Rioja y Castilla y León son las dos comunidades autónomas donde se han registrado las menores tasas de mujeres víctimas de violencia de género, medida por cada 10.000 mujeres.

En La Rioja, la tasa ha alcanzado los 13,8 casos por cada 10.000 mujeres, mientras que la media nacional se eleva a 19,6, lo que indica que, a pesar del aumento en las denuncias, la situación en nuestra comunidad es relativamente menos preocupante que en otras partes del país. Además, las órdenes de protección abiertas han tenido un descenso significativo. Si en el tercer trimestre de 2023 se iniciaron 104, este año solo se han abierto 43, siendo desestimadas únicamente 6 de estas solicitudes.

Es fundamental resaltar que, durante los meses de julio, agosto y septiembre, ha habido un notable incremento en el número de mujeres que se han acogido a la dispensa de la obligación de declarar. En el tercer trimestre de 2023, solo 14 mujeres optaron por este recurso, cifra que se disparó a 34 en el mismo periodo de 2024, marcando un asombroso aumento del 142,9 por ciento.

Además, en el ámbito judicial, los órganos encargados de los casos de violencia de género en La Rioja han dictado 72 sentencias, la gran mayoría de ellas con carácter condenatorio, a excepción de una. Este panorama legal pone de manifiesto el firme compromiso de nuestro sistema judicial para abordar y sancionar adecuadamente estos casos de violencia, brindando una respuesta contundente a una problemática que, sin duda, requiere atención y acción de todos los sectores de la sociedad.