Un tribunal ha confirmado la condena de dos abogados implicados en un caso de estafa que ha desembocado en una condena de 11 meses de prisión y una multa de 3.300 euros, además de una sanción económica adicional por un delito continuado de calumnia.

Fecha: 24 de junio.

La situación ha tomado un giro inesperado cuando estos dos profesionales del derecho decidieron admitir su culpabilidad en relación con las acusaciones de estafa y calumnia. Como parte del acuerdo de conformidad, también se les ha impuesto una inhabilitación para ejercer la abogacía durante el tiempo que dure su condena.

El juicio, que iba a celebrarse el martes en la Audiencia Provincial de Logroño, fue objeto de una resolución adelantada, según informó el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

La multa por el delito de calumnia asciende a 2.700 euros, y el fiscal optó por retirar la acusación relacionada con la deslealtad profesional, basándose en las nuevas interpretaciones que ha establecido el Tribunal Supremo. Inicialmente, se había solicitado una pena mucho más severa, que incluía 2 años y medio de prisión y una multa de 6.480 euros.

El acuerdo que han alcanzado los abogados involucrados se fundamenta en consideraciones atenuantes, tales como las demoras en el proceso y la reparación del daño a la víctima, que ya ha recibido un total de 6.000 euros en compensación por los actos delictivos cometidos.

De acuerdo con los documentos presentados por la Fiscalía, los letrados fueron contratados por un individuo acusado de apropiación indebida y por su pareja. La primera fecha del juicio se suspendió tras la presentación de un informe médico por uno de los abogados que alegaba incapacidad para asistir.

Antes de la reprogramación del juicio, ambos abogados sugirieron a sus clientes la opción de establecer un acuerdo con la fiscalía, con el objetivo de halagar una sentencia más benigna, evitando así una condena mayor a dos años. Para concretar el acuerdo, los abogados indicaron que era necesario realizar una transferencia de 56.000 euros a una cuenta, así como entregar en efectivo 7.600 euros destinados a "facilitar" el acuerdo con el fiscal. Además, se solicitó un pago adicional de 2.400 euros para eliminar ciertos antecedentes penales.

Los clientes mostraron escepticismo ante estas exigencias, pero uno de los letrados les aseguró que "te sorprendería la cantidad de acuerdos que se logran con el fiscal" y que el dinero era necesario para obtener un pacto fuera de los márgenes legales establecidos.

Finalmente, el fiscal concluyó que los dos abogados aprovecharon el desconocimiento jurídico de sus clientes y abusaron de la confianza depositada en ellos, violando los principios fundamentales que deberían regir su ejercicio profesional.