La vicesecretaria general de UGT Confederal, Cristina Antoñanzas, ha destacado la necesidad de una Ley integral de Lucha contra la trata de seres humanos que aborde la explotación laboral. Antoñanzas sostiene que las víctimas de explotación laboral no reciben el mismo trato que las personas que sufren trata con explotación sexual, en su mayoría mujeres y niñas.

Antoñanzas señala que las víctimas de trata con explotación sexual tienen medidas de protección que no están disponibles para las víctimas de explotación laboral. Por ejemplo, una mujer que haya sufrido trata con explotación sexual y esté en situación irregular en el país automáticamente puede agilizar sus trámites para obtener un permiso de residencia.

Estas declaraciones fueron realizadas durante el Seminario 'Lucha contra la trata con fines de explotación laboral e incidencia política', organizado por ISCOD y en colaboración con FICA-UGT La Rioja.

La vicesecretaria de UGT hace hincapié en que la trata de seres humanos con fines de explotación laboral ocurre en España y en todo el mundo. Por esta razón, han elaborado una guía en colaboración con el Gobierno de La Rioja para analizar las distintas leyes existentes en este tema, tanto a nivel estatal como regional y mundial.

La OIT informa que más de 21 millones de personas fueron víctimas de trata de seres humanos en 2022. En España, el Ministerio Fiscal registró 226 casos de trata de seres humanos, de los cuales 86 correspondieron a explotación laboral.

Antoñanzas reconoce que es difícil que las víctimas de trata denuncien su situación y espera poder trabajar en conjunto con la Guardia Civil y la Policía Nacional para abordar este problema.

UGT ha presentado esta guía para visibilizar la situación y proponer acciones necesarias. Además, reclaman la aprobación de una Ley integral de Lucha contra la trata de seres humanos que incluya la explotación laboral, la cual estaba en trámite pero no se pudo poner en marcha debido al adelanto de las elecciones y el fin de la legislatura.

Otra demanda es la modificación del Código Penal, ya que existen formas de explotación laboral que no están contempladas en la legislación actual. Asimismo, plantean que todos los bienes incautados a las mafias de explotación sean utilizados para proteger a las víctimas.