Las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) se encuentran en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esto se deriva de una investigación en curso en el Tribunal Supremo relacionada con el denominado 'caso Koldo', que involucra licitaciones de obra pública en diversas comunidades autónomas como Andalucía, Asturias y Cataluña, entre otras.

Un extenso informe de 490 páginas al que tuvo acceso Europa Press ha llevado al magistrado Leopoldo Puente a autorizar registros en la residencia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, así como en varias empresas vinculadas. Este documento revela que las averiguaciones se basan en grabaciones realizadas por el exasesor ministerial Koldo García, las cuales fueron recuperadas recientemente de sus dispositivos electrónicos, abarcando el periodo de 2019 a 2023.

Las conversaciones transcritas involucran a Koldo, a Ábalos y al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sugiriendo intentos de cobrar lo que describen como "contraprestaciones económicas" tras la concesión de contratos públicos, en especial a favor de Acciona SA y su división Acciona Construcción SA.

Entre los contratos que han surgido en el contexto del informe está la construcción de tirantes del Puente del Centenario en Sevilla, un proyecto que, según la UCO, habría favorecido económicamente a Ábalos. Las investigaciones indican que ya en noviembre de 2018, el ministerio de Transportes estaba preparando la licitación, y Cerdán estaba al tanto de la situación.

El análisis del material acumulado por los agentes destaca que en abril de 2019, Cerdán instó a Koldo a asegurar el cierre de dicha licitación. Durante un encuentro posterior, Koldo y Ábalos discutieron acerca de la presión que Cerdán estaba ejerciendo para acelerar el proceso. Las grabaciones indican que Koldo señaló que Pedro Saura estaba bloqueando la publicación del proyecto y que Ábalos debía intervenir para resolverlo.

Finalmente, la licitación fue publicada en septiembre de 2020, y a inicios de 2021, se confirmó que Acciona había presentado la propuesta más económica, que inicialmente fue de 71 millones de euros pero que luego se amplió a 102,8 millones en 2023.

Además, el informe destaca un proyecto para la autovía A-32 y la carretera N-322, encontrándose notas en los dispositivos de Koldo que apuntan a la urgencia de aprobar modificaciones en dicho proyecto.

Entre las obras bajo investigación, se incluye la adaptación de la Autovía A-63, que según los documentos, OPR había presentado una oferta deficiente, aunque finalmente se confirmó su adjudicación. Esto generó un debate interno sobre cómo habían conseguido la licencia a pesar de la baja calidad de su propuesta.

Las adjudicaciones a LIC también son un foco de atención, incluyendo obras críticas para la infraestructura ferroviaria y la red vial en diversas provincias, donde se resalta que Cerdán pidió la adjudicación discrecional de una obra a favor de esta empresa.

Los investigadores han encontrado evidencias que sugieren una red de contactos y negociaciones informales que comprometían la integridad del proceso de licitación pública. La relación entre los mencionados políticos y las constructoras implicadas podría rechinar, planteando serias interrogantes sobre la transparencia en la adjudicación de contratos del gobierno.

A medida que avanza la investigación, queda claro que las licitaciones y contratos en cuestión no solo involucran cifras millonarias, sino también una serie de relaciones y prácticas que podrían dar lugar a implicaciones legales para los involucrados. La UCO sigue estudiando las grabaciones y las conexiones entre los actores implicados, lo que podría afectar profundamente la confianza en la gestión pública.